Escribe: Leonie Roca, presidenta de la AFIN
Entramos al 2026 con un país que acumula décadas de diagnósticos certeros y soluciones postergadas. Este año electoral representa una oportunidad única: elegir un gobierno que entienda que el desarrollo no se construye con discursos, sino con decisiones concretas y sostenidas en el tiempo.
La brecha de infraestructura supera los 117 mil millones de dólares. Cada año iniciamos 13 mil proyectos y abandonamos 10 mil. Gastamos más que Chile, México y Colombia en inversión pública como porcentaje del PBI, pero nuestros resultados son vergonzosos: la red vial pavimentada apenas pasó de 17% a 18.3% tras invertir 47 mil millones de soles. No es un problema de recursos, es un problema de gestión.
¿Qué necesitamos para el próximo gobierno? Primero, una autoridad de infraestructura autónoma y técnica que planifique, priorice y elabore ingenierías completas antes de licitar. No más proyectos lanzados al mercado sin saber cuánto costarán ni cómo se financiarán. Gabón lo hizo en 2010 contratando una firma especializada; Colombia tiene su ANI funcionando hace años. No estamos inventando nada.
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Segundo, respetar el Estado de derecho. Suena elemental, pero no lo es. Como escribieron Acemoglu y Robinson, la diferencia entre prosperidad y estancamiento radica en las instituciones que cada sociedad respeta. No podemos seguir desconociendo laudos arbitrales, sentencias judiciales o contratos firmados porque no nos gustan. Sin predictibilidad jurídica, no hay inversión privada. Y sin inversión privada, no cerramos brechas.
Infraestructura deportiva inconclusa para celebración de los Juegos Bolivarianos 2025, una prueba de la falta de gestión. Foto: Captura / Canal N
Tercero, reformar el sistema regulatorio. Los reguladores fueron creados para dar certeza a inversiones de largo plazo, no para convertirse en extensiones del poder político de turno. Necesitamos mejorar la forma en que se eligen sus consejos directivos, protegerlos de remociones arbitrarias, garantizar su independencia presupuestal y separar claramente las funciones de investigación y sanción. La confianza es un vaso de cristal que, una vez roto, es muy complejo restaurar.
Cuarto, enfrentar la dispersión territorial. Con más de 1,800 municipalidades distritales, 200 provinciales y 24 gobiernos regionales, hemos fragmentado la capacidad de ejecución hasta la ineficiencia. Los fondos del canon y FONCOMUN se desperdician en miles de pequeñas obras sin coordinación ni impacto. Un alcalde distrital puede paralizar un año una obra de saneamiento urgente, como ocurrió con La Chira. Esta multiplicidad de discrecionalidades superpuestas es el verdadero enemigo del desarrollo.
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Quinto, destrabar sectores estratégicos. En telecomunicaciones, las operadoras deben invertir masivamente en redes mientras actores que las usan no enfrentan la misma regulación ni costos. En electricidad, tenemos recursos hídricos y gas natural que permiten una transición energética realista, sin copiar modelos de países con realidades distintas. En aeropuertos, necesitamos liberalizar el espacio aéreo y respetar los contratos vigentes. En puertos, aprovechar la nueva ley para integrar mejor puerto y ciudad.
Finalmente, cambiar la lógica del control. La Contraloría ha espantado a los servidores públicos honestos sin reducir la corrupción. Penalizar el error —no el dolo— paraliza. Los funcionarios salientes temen aprobar; los entrantes revisan todo “porque lo aprobó el anterior”. El resultado: años perdidos entre una administración y otra.
El 2026 será el año en que decidamos si queremos seguir siendo un país de diagnósticos o convertirnos en uno de soluciones. Las propuestas están sobre la mesa. Lo que falta es voluntad política para ejecutarlas y ciudadanos que exijan resultados, no promesas. No es una cuestión técnica; es una decisión de país.
