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Recibir newsletterEn un refugio para inmigrantes en la selva espesa de la región colombiana del Darién, un restaurante anuncia pescado frito, chuletas de cerdo e internet 5G. Un cartel con alegres letras tipo burbuja indica el camino hacia la frontera con Panamá.
Sin embargo, a tan solo 30 minutos a pie por el camino enlodado y empinado desde el restaurante, una valla de alambre de cuchillas se extiende entre los árboles. “Lo único que puedo decir es que esta ruta está cerrada”, señaló un agente del Senafront, la fuerza fronteriza panameña, con un rifle automático colgado del hombro. “En cuanto a 500 metros para allá, o un kilómetro para allá, no sé qué decirte”.
La respuesta del agente fronterizo tipifica el desorden en el tapón del Darién, un traicionero tramo de selva entre Colombia y Panamá. En los últimos años se ha disparado el número de inmigrantes que lo cruzan para dirigirse a Estados Unidos. El gobierno del presidente Joe Biden está desesperado por detener el flujo. Creía haber encontrado un espíritu afín en el nuevo presidente de Panamá, José Raúl Mulino, que hizo campaña prometiendo “cerrar” la frontera.
El 1 de julio, el gobierno de Mulino firmó un memorando de entendimiento con Estados Unidos en el que se establecía la intención de ambos países de enviar a casa a los inmigrantes ilegales. Pero pocas semanas después, Mulino parece dar marcha atrás. Esto ha sorprendido a Estados Unidos y está agravando el caos en la selva.
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Durante mucho tiempo se consideró que el tapón del Darién era demasiado peligroso para cruzarse. Los que se atrevían tenían que enfrentarse a serpientes venenosas, ríos caudalosos, y bandidos que violaban y robaban a los viajeros. Pero el aumento de la violencia, la tiranía y las dificultades económicas en América Latina y otras regiones empujan a un número cada vez mayor de personas a emprender la peligrosa travesía.
En 2014, menos de 10,000 migrantes cruzaron la brecha. El año pasado lo hicieron más de 500,000. Se espera otro aumento como resultado de las elecciones presidenciales de Venezuela del 28 de julio, que fueron robadas por el autócrata gobernante, Nicolás Maduro.
Según el acuerdo firmado por los gobiernos de Mulino y Biden, los migrantes que no tengan derecho a estar en Panamá serán enviados a su país en vuelos pagados por Estados Unidos. Panamá ha recibido una suma inicial de US$ 6 millones para equipar y formar a los agentes del Senafront y pagar los vuelos de repatriación.
El 14 de agosto, los dos jefes de Estado mantuvieron una conversación telefónica en la que confirmaron que los vuelos comenzarían a finales de mes. Mulino ha enviado más agentes a patrullar la frontera y ha bloqueado varias rutas a través de la selva con alambre de púas.
En teoría, el plan es claro. En la práctica, es imposible de cumplir. Casi todo el mundo necesita un pasaporte válido para entrar legalmente en Panamá, y muchas personas necesitan un visado. Pero según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, solo el 7% de los migrantes venezolanos, que constituyen dos tercios de los que cruzan la brecha, tienen pasaportes válidos. Los visados también son escasísimos.
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Esto significa que prácticamente todos los migrantes del tapón del Darién podrían ser considerados aptos para la deportación. Para enviarlos a casa, Panamá necesitaría tener acuerdos con los países receptores. Se están iniciando conversaciones con Colombia y Ecuador. Tras el fraude electoral de Maduro, el gobierno panameño suspendió las relaciones diplomáticas con Venezuela.
Ante estos y otros obstáculos logísticos, Mulino parece haber renunciado al plan original. El 18 de julio dijo que los vuelos de deportación serían voluntarios. Si los migrantes no quieren volver a casa, dijo, “entonces se irán [a Estados Unidos]. No puedo detenerlos, no podemos repatriarlos a la fuerza”. Solo los delincuentes buscados por la policía serían expulsados a la fuerza.
Sin embargo, casi nadie optará por regresar a su país. Venezuela está en caída libre económica, lo que ha llevado a casi 8 millones de personas a huir del país. Maduro refuerza su tiranía. Desde las elecciones, más de 2,400 manifestantes han sido detenidos. Haití y Ecuador, de donde proceden los siguientes grupos de viajeros, se enfrentan a la violencia extrema de las bandas criminales. Una vez superado lo peor del viaje, la gran mayoría de los migrantes seguirá adelante.
En lugar de cerrar la frontera, el gobierno panameño habla ahora de crear un “corredor humanitario”. Jorge Gobea, director de Senafront, afirma que el alambre de púas y los agentes fronterizos adicionales pretenden “canalizar el flujo de migrantes a través de una ruta única” que pueda gestionarse. A muchos migrantes se les toman ahora sus datos biométricos y se les somete a controles de antecedentes penales en Cañas Blancas. Luego caminan hasta Lajas Blancas, donde los trabajadores humanitarios reparten comida y refugio.
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Un Tío Sam confundido
Estados Unidos parece sorprendido por este giro. En la llamada del 14 de agosto, Biden agradeció a Mulino su apoyo a una “migración ordenada y humana”. Al parecer no se mencionó si los vuelos de deportación serían voluntarios.
El meollo de la cuestión es que ambos países tienen intereses diferentes. A los votantes panameños les importan poco los migrantes, que se suben a autobuses rumbo al norte tras salir de la selva. En cambio, los votantes están preocupados por la creciente anarquía en la frontera. Nuevas bandas panameñas tienden emboscadas a los inmigrantes.
Los delincuentes colombianos también prosperan. Según el grupo de reflexión International Crisis Group, el Clan del Golfo, una banda que controla la entrada a la selva en el lado colombiano, obtiene más de US$ 4,000 millones al año. Se cree que gran parte procede del tráfico de personas.
En Estados Unidos, la preocupación por la inmigración podría influir en las próximas elecciones presidenciales. Históricamente, la mayoría de los inmigrantes que llegan a la frontera sur de Estados Unidos proceden de México y Centroamérica. Pero desde diciembre de 2023 más de la mitad proceden de países más lejanos, principalmente Venezuela, Haití y Ecuador. Casi todos ellos cruzan primero el tapón del Darién.
Las diferencias sobre la política quizá aumenten. Para reducir los beneficios de las bandas, Frank Abrego, ministro de Seguridad Pública de Panamá, afirma que su oficina está estudiando la posibilidad de poner en marcha transbordadores para transportar hasta 2,000 personas a la vez desde Colombia a Panamá. Siempre y cuando los inmigrantes no sean delincuentes buscados, se les permitiría “continuar en busca de su sueño americano”, asegura. Eso provocaría un gran revuelo en Washington.
La confusión enturbia las cosas sobre el terreno. En sus cuentas de redes sociales, muy seguidas, los traficantes ofrecen rutas “VIP” para eludir el corredor humanitario y evitar a las autoridades fronterizas, a veces con consecuencias nefastas.
Una venezolana cuenta que los traficantes prometieron a su familia que el viaje duraría dos días y “estaríamos a salvo”. En lugar de eso, atravesaron la selva durante cinco días, pasaron junto a cadáveres de migrantes que habían muerto en el camino y fueron asaltados por bandidos. Mientras los gobiernos se pelean, el sufrimiento de los migrantes continúa.
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