A principios de este año, la Corte Suprema de Estados Unidos derribó el muro arancelario de Donald Trump — construido en virtud de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) — volviéndolo añicos. Ahora, el aparato de poder del presidente está tratando de volver a armarlo.
Para ser justos, se están logrando algunos avances en lo que es una tarea fundamentalmente ridícula. La semana pasada, tras una investigación en virtud de la “Sección 301” (comercio desleal), el Gobierno anunció que impondría aranceles de al menos el 10% a 60 países debido a su tolerancia del trabajo forzado. Esto proviene de un país que no ha ratificado el convenio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre el trabajo forzado porque utiliza mano de obra penitenciaria y, por lo tanto, podría infringirlo.
Como siempre ocurre con Trump, no tiene mucho sentido tratar de encontrar una lógica en todo esto. Sí, las acusaciones de trabajo forzado no tienen mucho sentido. Pero tampoco lo tenían los aranceles internacionales de emergencia originales de la IEEPA que fueron anulados por la Corte Suprema. Y tampoco tenían sentido los aranceles de la “Sección 122” relacionados con la balanza de pagos que se impusieron en febrero como sustituto temporal hasta el verano. Al igual que los aranceles en virtud de la IEEPA, fueron anulados por la Corte de Comercio Internacional (CIT) de EE.UU., aunque el proceso de apelación federal los mantendrá vigentes el tiempo suficiente para pasar ‘el relevo’ a los aranceles mediante la Sección 301 y a los nuevos aranceles de seguridad nacional de la “Sección 232” sobre productos farmacéuticos, y quién sabe qué otros más.
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El servicio de monitoreo Global Trade Alert afirma que las propuestas de la Sección 301, las cuales se promulgarán después de las audiencias del próximo mes, mantendrán los aranceles estadounidenses promedio en alrededor del 11%. Los nuevos aranceles dejan la tasa arancelaria general entre 4 y 5 puntos porcentuales más baja que antes de que la Corte Suprema invalidara la IEEPA. Unos cuantos aranceles más bajo las secciones 232 y 301 y la administración debería poder reconstruir el muro en cuestión de altura, aunque con una composición diferente.
La Oficina del Representante Comercial de EE.UU. (USTR, por sus siglas en inglés) ahora tiene claramente más control que los “guerreros del comercio” como Peter Navarro, asesor de comercio y fabricación de la Casa Blanca, a quien se le ocurrió la descabellada idea del muro arancelario de la IEEPA. En términos relativos, la USTR está al menos vagamente conectada con la realidad. Pero está abusando de sus conocimientos técnicos en aras de un proteccionismo sin sentido. La competencia administrativa no hace que una política sea menos estúpida.
Entonces, ¿qué sigue? Obviamente habrá más retos legales. Yo soy cauteloso a la hora de hacer predicciones porque la última vez estuve completamente equivocado. Pero, desde el punto de vista legal, las secciones 301 y 232 realmente otorgan más deferencia al presidente que la IEEPA o la Sección 122. Y, políticamente, me cuesta imaginar que la Corte Suprema presidida por John Roberts destruya la capacidad de Trump para implementar su herramienta número uno de política económica internacional derribando cada tipo de ‘ladrillo’ justo cuando los está colocando.
Grúas descargan contenedores del buque portacontenedores CMA CGM Laperouse en la terminal de Fenix Marine Services en el Puerto de Los Ángeles, California, EE.UU., el viernes 15 de agosto de 2025. Fotógrafo: Tim Rue/Bloomberg
Como siempre, el principal impacto de todo este caótico ‘trabajo de construcción’ es político. Los aranceles de Trump siguen siendo impopulares y, de hecho, lo serán aún más. Los votantes los culpan de la inflación, aunque sólo de forma parcialmente acertada. El costo de vida es el tema más importante para el público, incluso más que la corrupción, lo cual es bastante sorprendente dada la magnitud de esta última. El propio Trump sigue pareciendo admitir el impacto al alza de los aranceles sobre los precios, y la semana pasada redujo los impuestos sobre la maquinaria agrícola e industrial en un intento algo débil por compensar el enorme daño que su guerra comercial ha causado a la agricultura y a la industria manufacturera. Correr de un lado a otro tratando de reconstruir un muro arancelario ilegal no va a hacer que nada de esto parezca mejor.
Para poner esto en perspectiva, EE.UU. tiene una larga historia de legislar contra el trabajo forzado con bastante más buena fe que con la que lo está haciendo actualmente. El uso de prohibiciones de importación contra productos fabricados con mano de obra coaccionada se remonta al siglo XIX. Esto se codificó en la Ley Smoot-Hawley de 1930, por lo demás notoria, y luego, durante la última década, se aplicó y fortaleció, dirigiéndose particularmente contra los productos fabricados por uigures oprimidos en la región china de Xinjiang.
La práctica de prohibiciones absolutas de productos fabricados con trabajo forzado se extendió a otros Gobiernos, los cuales, hasta entonces, no habían llegado tan lejos. La Unión Europea (UE) ha aprobado su propia legislación, aunque, al clásico estilo de Bruselas, se trata más bien de un enfoque caso por caso, y la implementación se retrasó tres años para darles tiempo a las compañías para que se preparen. Es este retraso el que le está proporcionando a Trump la excusa para aplicarle la Sección 301 a la UE, aunque si no fuera eso, sería otra cosa.
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El abuso por parte de Trump de las disposiciones sobre trabajo forzado es una de las tantas y deprimentes formas en las que se están abusando justificaciones perfectamente razonables para usar las lagunas legales en las normas de la Organización Mundial del Comercio (OMC), como seguridad nacional y normas laborales. No ayuda que la práctica se hubiera normalizado bajo el mandato del expresidente estadounidense Joe Biden, cuya invocación del cambio climático como disfraz para el proteccionismo del acero puso en guardia a los socios comerciales cuando se les presionó para que se unieran. Hay que desconfiar de los funcionarios estadounidenses que traen regalos.
Se puede argumentar que las exigencias de la rivalidad geoeconómica y del cambio climático justifican una mayor flexibilidad en las normas de la OMC que hasta ahora. No es prudente simplemente descartar todos los estándares en materia de normas laborales como si necesariamente se tratara de proteccionismo encubierto. Pero gracias a Trump (y a Biden), el mundo no está avanzando deliberadamente hacia un uso más sistemático de tales excepciones que antes; no está más que entregándoles a los Gobiernos inescrupulosos una excusa para hacer lo que quieran.
Escrito por Alan Beattie
