La minera estadounidense Doe Run acordó pagar 150 millones de dólares a 1,373 peruanos para finalizar un antiguo litigio donde los demandantes alegaban que estuvieron expuestos durante su niñez a intoxicación por plomo cerca de una fundición metalúrgica que estuvo operada por una década por una subsidiaria de Doe Run en Perú, informaron el miércoles los abogados de los demandantes.
Schlichter Bogard, un bufete de San Luis, en el estado de Missouri, que defendió a los demandantes, informó en un comunicado que el acuerdo alcanzó la cifra de 150 millones de dólares. Por su parte, Doe Run confirmó el acuerdo en un correo electrónico enviado a The Associated Press, pero no dio detalles.
El camino legal fue extenso y duró 19 años. La demanda fue presentada de forma inicial en un tribunal estatal en 2007 en nombre de 17 niños, pero luego fue consolidada en un tribunal federal con otros 40 casos y al final llegó a representar a más de 1,000 demandantes, informó Schlichter Bogard.
Los abogados de los demandantes informaron el miércoles a la AP que en la demanda se alegaba que la subsidiaria de Doe Run no redujo las emisiones de plomo en un complejo metalúrgico ubicado en La Oroya, a más de 3,745 metros de altitud en los Andes, lo que provocó lesiones y daños permanentes.
La firma de abogados indicó que la fase inicial del litigio iba a iniciarse el martes, pero señaló que el acuerdo entre las partes “pone fin a una batalla legal de casi dos décadas y a uno de los casos transnacionales de responsabilidad por daños tóxicos más prolongados que se han litigado en los tribunales estadounidenses”.
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Schlichter Bogard añadió que el acuerdo “subraya la importancia de que las empresas asuman la responsabilidad de sus actos cuando operan a nivel mundial, especialmente cuando la toma de decisiones y los flujos de ganancias están vinculados a Estados Unidos”.
Doe Run indicó en un comunicado que antes de que su subsidiaria asuma las operaciones de la fundición, La Oroya estaba contaminada por emisiones de 75 años de operaciones previas. (Foto: César Fajardo/ GEC)
Doe Run indicó en un comunicado que antes de que su subsidiaria asuma las operaciones de la fundición, La Oroya estaba contaminada por emisiones de 75 años de operaciones previas, primero por propietarios privados y después otros 22 años mientras la fundición se convirtió en una empresa estatal de Perú.
“Aunque nos hubiera gustado que se celebrara el juicio, hemos optado por dejar esto atrás y centrarnos en lo que realmente importa: dirigir nuestro negocio, atender a nuestros clientes e invertir en nuevas tecnologías para el futuro”, dijo en el comunicado Matt Wohl, presidente y director ejecutivo de Doe Run.
Wohl añadió que todas las empresas con filiales en el extranjero corren un riesgo cuando los tribunales estadounidenses tramitan casos que “tienen poco o nada que ver con este país”.
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En 2024, en otro caso distinto pero relacionado a la contaminación en La Oroya, la Corte Interamericana de Derechos Humanos —el más alto tribunal de esta materia en América Latina— declaró responsable a Perú de la violación del “derecho al medioambiente sano” en perjuicio de 80 vecinos.
La contaminación del agua, aire y suelos en La Oroya provocó que en 2006 la ciudad fuera catalogada como una de las diez más contaminadas del mundo, según la sentencia de la Corte.
No obstante, al momento Perú no ha cumplido con casi la totalidad de obligaciones de la sentencia, dijo a la AP Leonidas Wiener, abogado de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), organización que lleva el caso ante la Corte junto con la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) de Perú.
La AP buscó comentarios en el Ministerio de Justicia de Perú sin obtenerlos al momento.
Perú quedó obligado a realizar estudios para determinar el estado de la contaminación del aire, agua y suelo en La Oroya, a preparar un plan de remediación ambiental y brindar atención médica gratuita a las víctimas e indemnizarlas a cada uno con sumas que varían entre los 15,000 y 30,000 dólares.
Elaborado con información de AP
