
El Gobierno de Cuba autorizó la apertura del comercio de productos agrícolas al sector privado, poniendo fin al monopolio estatal en esta actividad en un contexto de creciente flexibilización económica y caída de la producción.
La medida, publicada en la Gaceta Oficial, permite que agricultores independientes, cooperativas, pequeñas y medianas empresas privadas y trabajadores por cuenta propia participen directamente en la comercialización de productos agrícolas.
Hasta ahora, el Estado controlaba la mayor parte de la distribución, permitiendo a los productores vender únicamente ciertos excedentes de su producción. Con la nueva norma, el sector privado podrá actuar como intermediario y acceder tanto a mercados mayoristas como minoristas.
No obstante, el Estado mantendrá el control sobre los precios y las exportaciones, lo que limita parcialmente el alcance de la liberalización anunciada.

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Apertura en medio de caída productiva
La decisión se produce en un escenario de fuerte deterioro del sector agrícola. Según datos del Centro de Estudios de la Economía Cubana de la Universidad de La Habana, la producción agrícola cayó 52 % entre 2018 y 2023.
Esta situación se enmarca en una crisis más amplia que atraviesa la isla desde hace seis años, marcada por el endurecimiento de las sanciones de Estados Unidos, problemas estructurales de su modelo económico centralizado y el fracaso de reformas anteriores.

Reformas y mayor apertura económica
La apertura del comercio agrícola forma parte de un paquete de medidas orientadas a flexibilizar la economía. Entre ellas, el Gobierno ha autorizado recientemente la creación de empresas mixtas entre entidades estatales y actores privados locales.
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Asimismo, se permitió la participación de inversionistas extranjeros en el comercio mayorista y minorista por primera vez en seis décadas, y se eliminó el monopolio estatal sobre la importación de combustible, habilitando a empresas privadas a realizar compras directas.
En paralelo, las autoridades anunciaron que la diáspora cubana podrá invertir en la isla y ser propietaria de empresas privadas, aunque aún no se ha definido un marco jurídico específico para estas operaciones.
Estas medidas reflejan un avance gradual del sector privado, que fue nuevamente autorizado en 2021 tras permanecer prohibido durante cerca de cinco décadas y que desde entonces ha ganado espacio en la economía del país.







