
Se pondría un candado más para frenar que trabajadores del sector público en Perú puedan ser despedidos. La Comisión de Trabajo del Congreso de la República aprobó un predictamen que busca impedir que empleados del Estado pierdan sus puestos cuando la entidad en donde laboral sea fusionada, reorganizada o incluso cerrada.
La propuesta, que ahora deberá pasar al pleno del Parlamento para su discusión, plantea que en esos casos los servidores serían reasignados o reincorporados, en lugar de ser despedidos por razones administrativas.
El texto aprobado unifica dos proyectos de ley que coincidían en un mismo objetivo: garantizar la continuidad laboral en procesos de reestructuración estatal.
Hay que recordar que en mayo de este año se planteó desde el Gobierno, durante la gestión de José Salardi en el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que se extingan 14 programas de inversión. En ese momento es que este proyecto de ley tomó fuerza. Pese a que a estas alturas la intención del Poder Ejecutivo se diluyó, la iniciativa legislativa continuó caminando.

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Detalles de la propuesta que limita el despido de trabajadores del Estado
En adelante, si prospera el dictamen en el pleno y se convierte en ley, la regla será que los trabajadores se mantengan en el aparato estatal, respetando su régimen laboral, su antigüedad y su categoría.
El texto establece plazos claros. Las reasignaciones deberán resolverse en un máximo de 60 días hábiles y las reincorporaciones de personal cesado sin causa justa deberán concretarse en un plazo de hasta 90 días.
Mientras dure el proceso, los servidores mantendrían sus remuneraciones y derechos, e incluso podrán recibir capacitación de hasta tres meses para adaptarse a nuevas funciones.
Un punto adicional, que quizá levante las alarmas al Poder Ejecutivo, es que la norma también abre la puerta al retorno de quienes fueron despedidos en el pasado por razones presupuestarias o por el cierre de una entidad. Es decir, sería retroactiva.
Para ello, se ordena su reincorporación en plazas similares, sin que apliquen restricciones de austeridad o la exigencia de vacantes previamente registradas en los sistemas de recursos humanos del Estado.
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