El Gobierno de Perú se ha embarcado en una tarea: llevar ante el Tribunal Constitucional (TC) aquellas leyes aprobadas por el Congreso de la República con costo fiscal. Además, desde el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) han sido enfáticos en recordar que el Parlamento no tiene iniciativa de gasto y que hay resoluciones del TC que lo subrayan.
En este contexto, Gestión conversó con Luz Pacheco, presidenta del Tribunal Constitucional. En la entrevista, la magistrada explicó el alcance real de las sentencias vinculadas a la iniciativa de gasto del Congreso y precisó por qué el TC aplicó una excepción en un caso específico durante la pandemia.
Pero, este no fue el único tema: detalló la posición frente a la limitación de la tercerización en el núcleo del negocio, así como los criterios que sustentaron su decisión en el caso Rutas de Lima.
LEA TAMBIÉN: Congreso: mañana debaten reforma constitucional que amplía detención en delitos graves
— Un tema que siempre se pone sobre la mesa es si el Congreso de la República tiene o no iniciativa de gasto. Entonces, ¿tiene o no tiene?
La respuesta está clarísima en el artículo N° 79 de la Constitución que dice que no tiene iniciativa de gasto. Esa es la regla.
Pero, para que una regla se aplique con justicia, tiene que haber [también] equidad, es decir, ajustarse al caso concreto. El caso fue el del personal sanitario que trabajó durante la pandemia.
— En el 2021, el Poder Ejecutivo presentó una demanda de inconstitucionalidad contra la ley que declaró en emergencia el Sistema Nacional de Salud y regulaba su proceso de reforma. ¿Qué evaluó el TC en ese momento para no declararla inconstitucional?
La ley que señalaba que se trataba de personas contratadas como “independientes” cuando en realidad estaban sujetas a guardias y a una relación laboral. Entonces, llegó la acción de inconstitucionalidad.
¿Cuál fue el razonamiento de la mayoría de [los miembros] del TC? Si se declaraba la ley inconstitucional, todas esas personas se quedaban sin trabajo.
Pero, además, en la ley establecía que cada vez que se pasara a un grupo de trabajadores a un régimen laboral tenía que contarse con el visto bueno del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Es decir, no había una iniciativa de gasto total.
Entonces, con ello, se decidió, por esta vez, como algo extraordinario, tomando en cuenta la situación del personal sanitario en pandemia y que había un “candado” con el MEF para que apruebe cada vez que había un pase, se dio la excepción.
LEA TAMBIÉN: Tribunal Laboral aclara: Un error en orden de Sunafil no anula toda la inspección
— La ministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles, recordó recientemente que, aunque menos conocidas, existen otras dos iniciativas que generaban gastos y que sí fueron declaradas inconstitucionales...
Después de esa sentencia, ha habido por lo menos otras dos que hemos declarado inconstitucionales porque no constaba la consulta al Ministerio de Economía y Finanzas.
Una fue sobre la asignación económica mensual para el personal del servicio militar acuartelado. Otra fue la sentencia sobre la Ley que actualizaba el bono de reconocimiento a aportantes y exaportantes de la ONP.
Hay sentencias del tribunal que son de casos concretos. Pero eso no crea una regla como tal. La pregunta más bien es: ¿por qué han usado [el caso del personal de salud] y no las otras? Se ha tomado una excepción para decir que es una regla, cuando no lo es. No se han usado las otras sentencias que mantienen el criterio general.
LEA TAMBIÉN: Rafael Vela considera que el Tribunal Constitucional asume funciones del Poder Judicial
— ¿Han conversado algo con la ministra Miralles sobre el “paquete” de proyectos que van a elevar antes el TC?
No hemos conversado. Pero, me parece muy positivo que se haga esto de presentar acciones de inconstitucionalidad. De hecho, ya tenemos algunas, pero seguramente vendrán más porque ha venido el anuncio de parte del Gobierno. Esperemos que esto se aclare cuando antes por el bien del país porque se ha puesto en evidencia que estas leyes van a impactar en la caja fiscal en pocos años.
— ¿Cuáles ya se han presentado ante el TC en este último tiempo?
Recuerdo [que se ha presentado para evaluar] la creación de una universidad. Es una de las últimas que hemos recibido y la razón es la misma: [inconstitucionalidad] porque [el Congreso] no tienen iniciativa de gasto.
Aunque vale decir que la mayor parte de acciones de inconstitucionalidad que resolvemos son disputas vinculadas a municipalidades y regiones.
Tercerización laboral
— Pasando al tema de tercerización, ¿el Tribunal Constitucional contradice lo resuelto por Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi)? El TC dijo que sí podría haber límites a la tercerización en el núcleo del negocio, Indecopi apuntó en el sentido contrario.
Indecopi se ocupa de barreras burocráticas y tiene una visión patrimonialista y comercial. Nuestro enfoque es de derechos fundamentales.
El TC no ha dicho que ese decreto supremo (DS) sea constitucional, porque esa es una labor de la Corte Suprema. No hemos dicho que la tipificación de actividad nuclear que dio ese DS sea adecuado, es más, debe haber un criterio muy restrictivo para decir qué es “núcleo”.
[...] Sin embargo, lo que estamos tratando es preservar los derechos fundamentales de los trabajadores a acceder a reparto de utilidades, mejores condiciones, etcétera. Será muy importante que la Corte Suprema delimite.
— Mientras la Corte Suprema define, hay dos líneas: la de Indecopi y la del TC. ¿Cuál se tomará de referencia?
Por lo pronto está vigente la resolución del Indecopi de dejar en suspenso la aplicación de este DS. Por tanto, lo nuestro es una declaración, nosotros consideramos lo que ya he expuesto, pero no estamos ordenando que se ejecute el DS.
No estamos en contra de la tercerización, queremos que haya un núcleo duro que preserve la identidad del empleador y del trabajador.
LEA TAMBIÉN: ¿Es requisito el pago previo para la deducción de un intangible? El Tribunal Fiscal respondió
Rutas de Lima
— Sobre el caso Rutas de Lima, ¿el TC evaluó las consecuencias económicas de su decisión con la anulación del cobro del peaje?
Lo que primó fue que había un arbitraje que estaba siendo tramitado y que involucraba a la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) y Rutas de Lima. Pero, el arbitraje no protege al ciudadano, solo a las dos partes involucradas.
Entonces, ¿cuál es la función del TC? Nosotros teníamos que ver los derechos fundamentales de los ciudadanos que estaban siendo afectados por el cobro del peaje. Nosotros no entramos a la discusión de cómo estaba el contrato.
— ¿El TC fue consciente de las consecuencias posteriores?
Sí. Se sabía que podía haber consecuencias, pero también se consideró que la decisión fortalecía la postura del Perú al tratarse de contratos que tienen una gran sombra de corrupción.
— Refiere al cuidado de la población, pero la decisión tomada en favor aparente del ciudadano, pero en detrimento de un contrato, ¿acaso no genera una mala imagen para futuros contratos? Si se trataba de un contrato cuestionado, ¿eso no se define en otras instancias?
Ahí el problema es la lentitud del Ministerio Público y el Poder Judicial. Es un contrato cuestionado, no podemos mirar a otro lado. En este caso, es una excepción, no puede convertirse en la regla, pero hay serias dudas y no podíamos avalarlo.
LEA TAMBIÉN: La tercerización del núcleo del negocio queda descartada por el Tribunal Constitucional
Corrupción
— Sobre prisión preventiva en casos de corrupción, en su momento usted señaló que no siempre correspondería. En un país con una crisis tan profunda, ¿no cree que ese mensaje debilita la lucha contra la impunidad de la clase política?
A quiénes yo llevaría [a prisión preventiva] de todas maneras: captura por extorsión, por sicariato, por ejemplo, porque hay un peligro. Pero, en general, la regla es llevar los juicios en libertad. Acá en el Perú hay una distorsión, se cree que el juicio se vive en la cárcel, y no es así. Eso se da solamente si la persona va a obstaculizar la justicia, puede ser un peligro para la sociedad o se puede fugar. En ese caso se justifica. De lo contrario, la persona debe llevar su proceso en libertad.
Gasto público y Congreso: lo que dijo el Tribunal Constitucional. Foto: Andina.
LEA TAMBIÉN: Tribunal confirma que Trump debe pagar millonaria compensación a columnista que lo acusó de violarla
— El TC tiene pendiente resolver procesos sobre la reposición de magistrados y competencias entre la Junta Nacional de Justicia y el Poder Judicial. ¿Hay avances?
Como recién hemos notificado al Poder Judicial, ellos tienen 30 días útiles para responder a la demanda. Una vez que contesten, podemos estudiar el caso y convocar a audiencia pública.
En esa decisión que tomamos la mayoría, ¿por qué dijimos que hay que suspender la reposición de la fiscal [Delia Espinoza]? Porque la función constitucional que tiene la JNJ es hacer procesos disciplinarios y dentro de ellos cabe la posibilidad de la suspensión.
— Ante la proximidad de las elecciones de 2026, ¿está preparado el TC para resolver las previsibles demandas de amparo de candidatos inhabilitados sin que se perciba una interferencia política?
Se procura resolver con anticipación los amparos vinculados a procesos electorales, pero lo que siempre ha dicho el TC y se ha reafirmado es que el calendario electoral no puede alterar.
— Con el retorno a la bicameralidad, ¿qué preocupa le preocupa al TC?
Personalmente, me preocupa a quiénes vamos a elegir. Se espera que la segunda cámara reduzca las acciones de inconstitucionalidad, pero el TC seguirá cumpliendo su función.
— Finalmente, ¿cómo avanza la gestión interna del Tribunal Constitucional?
Se ha recibido más expedientes que el año anterior y se está implementando inteligencia artificial para apoyar el análisis previo de los casos y reducir tiempos.
LEA TAMBIÉN: Empresas deben demostrar trabajo de gerentes para deducir gastos, lo que dijo el Tribunal Fiscal
Abogado especialista encargado de Enfoque Legal en Diario Gestión - Actualmente, ocupa la posición de analista legal en el área de Economía en el Diario Gestión.
