La aprobación de un predictamen en la Comisión de Energía y Minas del Congreso de la República que propone reducir los plazos de vigencia de las concesiones mineras podría debilitar la seguridad jurídica en el sector minero, advirtió la Sociedad Nacional de Industrias (SNI).
A través de un comunicado, el gremio señaló que modificar las reglas aplicables a concesiones mineras ya otorgadas terminaría generando incertidumbre para una actividad que requiere horizontes de inversión de largo plazo.
“La minería no responde a plazos administrativos, sino a ciclos técnicos que pueden tomar varias décadas, con lo cual el predictamen desconoce esta realidad y penaliza la denominada “inactividad” sin considerar factores determinantes como la obtención de permisos, la conflictividad social o el acceso al financiamiento”, indicaron.
Por ello, consideraron que legislativa lejos de promover la inversión, la iniciativa introduce mayores riesgos que afectan la competitividad del país y su capacidad para desarrollar nuevos proyectos.
Para la SNI las medidas propuestas por el Congreso impactarían en la exploración minera, que resulta clave para la sostenibilidad del sector. (Imagen: Andina)
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La idea de plantear obligaciones y sanciones, alerta la SNI, impactaría directamente en la exploración minera, que resulta clave para la sostenibilidad del sector. Esto desincentivaría la inversión, reduciendo el potencial de crecimiento de la minería formal y afectando, en el largo plazo, la recaudación fiscal y la generación de empleo formal.
Asimismo, el gremio consideró que no existiría evidencia de un problema de acaparamiento de concesiones. Por el contrario, señalaron que el sistema actual presenta altos niveles de rotación, con concesiones que son devueltas, reasignadas y solicitadas cada año, lo que reflejaría un mercado competitivo y abierto.
“En ese contexto, el régimen vigente no favorece la especulación ni concentra el acceso en grandes empresas”, añadieron.
Además, consideraron que las medidas orientadas a redistribuir concesiones no abordan los principales desafíos del sector, vinculados a la tramitología, la falta de articulación territorial y los conflictos sociales que afectan el avance de los proyectos.
