La controversia generada por la reciente acción de amparo que aprobó el Poder Judicial, ordenando al Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán) que se abstenga de regular y supervisar las operaciones del puerto de Chancay, sigue escalando cada vez más.
A poco de conocerse ese fallo, la presidenta de esa entidad, Verónica Zambrano, salió al frente en defensa de sus fueros y -a través de Gestión- advirtió que esa decisión judicial podría dejar desprotegidos a los usuarios del puerto de Chancay, por lo cual una vez notificados, iban a presentar una apelación.
A esto se añade que el propio Cosco Shipping confirmó a este diario que ya había planteado también una demanda de amparo contra el informe que emitiera el Indecopi, en abril de 2025, apuntando que no existen condiciones de competencia en dicho puerto. Ante esto, revelaron desde el Ositrán, han paralizado el proceso iniciado para regular las tarifas en ese terminal.
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Pronunciamiento de EE.UU.
En este escenario, la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de EE.UU. expresó, en su cuenta oficial X, su preocupación porque Perú podría perder soberanía “ante propietarios chinos depredadores”, mensaje que compartió el embajador estadounidense en Perú Bernie navarro.
“Todo tiene un precio y, a la larga, lo barato sale caro. No hay precio más alto que perder soberanía”, precisó el funcionario.
Vale recordar que, en el gobierno de Donald Trump, ha escalado la guerra comercial que mantiene su país con China y donde el Perú, hasta ahora, ha mantenido una posición neutra, sin tomar partido por uno u otro país, pero con quienes mantiene relaciones comerciales fluidas y crecientes.
Estados Unidos es el principal comprador de productos peruanos con valor agregado, como es el caso de las agroexportaciones; mientras que China es el primer comprador de materias primas peruanas, como el cobre y la harina de pescado.
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Retroceso en la faculta de regular
Ante la escalada internacional de esta controversia, Gestión consultó a diversos expertos en el sector y en comercio exterior para conocer las implicancias de esta situación, aunque las posiciones están divididas.
Mercedes Aráoz, extitular del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), consideró que, en principio, el sistema de justicia en nuestro país debe respetar las acciones que adoptan las entidades reguladoras, como en este caso el Ositrán, y que resulta increíble que le estén quitando facultades para regular el puerto de Chancay, tan importantes como es la protección a los usuarios.
Mercedes Aráoz, ex titular del MEF y del Mincetur. (Foto: Hugo Pérez)
“No entiendo por qué le quitan un mandato tan importante que protege a los receptores de la carga o empresas que trabajan porque alguien presentó un reclamo. Allí hay un problema de fondo y es que el Poder Judicial está tomando decisiones equivocadas. Y no es la primera vez (que lo hace)”, fustigó.
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Remarcó que la función del Estado es regular y vigilar que haya buenas prácticas en la prestación de servicios públicos y competencia, además de que está regulada.
“No puede ser que un solo puerto no tenga vigilancia porque dice que es privado, pero está en territorio nacional y tiene que ajustar su comportamiento al mercado, donde los competidores están regulados”, apuntó Aráoz. Consideró que, además de Ositrán, toca a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) emitir también un pronunciamiento sobre el caso.
Reglas iguales para todos
En tanto, Juan Carlos Mathews, también extitular del Mincetur, señaló que no se trata de que, en esta escalada en las diferencias entre EE.UU. y China y que ahora involucra al puerto de Chancay, el Perú tome partido por uno u otro país, sino de mantener las reglas de juego iguales para todos.
Juan Carlos Mathews, exministro de Comercio Exterior y Turismo. (Foto: Mincetur)
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Recordó, además, que nuestro país tiene 23 tratados de libre comercio, es una de las economías más abiertas de América Latina y promotor de la inversión privada, sea nacional o extranjera, además de facilitador del comercio; pero que eso no significa que el Estado deje de cumplir su rol regulador.
Aunque reconoció que es evidente que existe un nivel de competencia entre los puertos de Chancay y el Callao, remarcó que se debe aplicar la reglamentación que corresponde a los puertos, sea que se trate de Matarani, Callao o Chancay.
“No podemos decir ‘a tal inversión la trato de una manera y a esta otra de forma diferente’. El Perú tiene que mantener una postura de neutralidad, sobre todo en esta coyuntura en que se viene un cambio de gobierno”, apuntó el experto, actualmente Vicepresidente de Internacionalización de USIL.
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Inexacto que no hay control sobre el puerto de Chancay
Sin embargo, para Alberto Ego Aguirre, presidente de la Comisión de Asuntos Portuarios de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), es inexacto afirmar que la acción de amparo dada a favor de Cosco Shipping esté desprotegiendo a los usuarios del puerto de Chancay o que no haya autoridades que controlen sus operaciones.
Respecto a los usuarios inmediatos (intermedios) del puerto, como son las líneas navieras, recordó que las agencias marítimas son las que las representan en sus operaciones de ingreso y salida de los terminales portuarios y atienden sus requerimientos.
En los casos de las agencias de aduanas (que también son usuarios intermedios y se encargan del desaduanaje de la carga), indicó que pueden cotizar los servicios portuarios, en el terminal que mejor les cobre o en aquel que mejor servicio les brinde, de forma que el importador o exportador (a través del agente aduanero) puede escoger con qué puerto trabajar. Esto también sucede con los depósitos extraportuarios.
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Además, dio a conocer una relación de, al menos, 12 instituciones públicas que intervienen in situ en las operaciones del puerto de Chancay, entre ellas Sunat-Aduanas, el Senasa (Servicio Nacional de Sanidad Agraria); la Autoridad Portuaria Nacional (APN) y su Unidad de Control Conjunto (UCC).
También la Dirección Nacional Antidrogas de la PNP, la Policía Fiscal y la Policía de Medio Ambiente, la Dirección General de Migraciones, las direcciones generales de Medicamentos Insumos y Drogas (Digemid), de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria (Digesa), la Sanidad Marítima Internacional, y el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor).
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Comunicador social. Estudió en la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, e Inglés en la PUCP. Diplomado en Economía y Finanzas en la Universidad de Esan. Labora actualmente como analista económico especializado en industrias extractivas, energía y transportes en el diario Gestión.
