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El Congreso está evaluando un proyecto de ley que busca eximir del pago del impuesto de alcabala a las transferencias de propiedad inmueble por donación. La propuesta legislativa tiene como objetivo facilitar la donación de propiedades y aliviar las cargas económicas durante un período de recesión, modificando -para ello- la Ley de Tributación Municipal.
El proyecto se justifica señalando que la exención del impuesto de alcabala en las donaciones permitirá que más personas puedan transferir propiedades sin enfrentar una carga tributaria que, según el proyecto, puede ser prohibitiva para algunos beneficiarios.
Asegura que esta medida no solo reducirá los costos asociados con la transferencia de propiedades mediante donación, sino que también simplificará los procesos administrativos y legales correspondientes.
El proyecto argumenta también que la eliminación del impuesto no representa un costo significativo para el Estado, dado que las donaciones no constituyen una fuente principal de recaudación de alcabala y que el beneficio social de facilitar tales transferencias puede compensar cualquier reducción en los ingresos fiscales.
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Angello Rivera, asociado principal de Osterling Abogados, detalló que el alcabala es un tributo municipal que se aplica a cualquier transferencia de propiedad, incluidas las donaciones, con una tasa del 3% después de descontar 10 UITs (S/ 51, 500)
En ese sentido, describió el proyecto de ley como “simple y directo”, ya que tiene el objetivo de preservar la gratuidad de las donaciones al eliminar el impuesto asociado a estas transferencias.
“Estamos hablando de un contrato a título de liberalidad gratuito, entonces, si es gratuito, que no tenga cargas impositivas”, explicó Rivera y aunque la medida podría reducir la recaudación municipal, probablemente el impacto no sería significativo dado que el alcabala es solo uno de varios impuestos que manejan las municipalidades.
Rivera considera que el impacto de eximir este impuesto en casos de donaciones sería limitado. “Las donaciones no constituyen la mayoría de las transacciones inmobiliarias, y por tanto, la afectación a la recaudación municipal no sería tan dramática como se podría suponer”.
Añadió que es esencial evaluar el balance entre el beneficio social de fomentar las donaciones y el posible déficit en los ingresos municipales, pero anticipa que el déficit sería manejable.
Además, mencionó posibles preocupaciones respecto a la práctica de subvalorar bienes en las donaciones para disminuir el impacto fiscal, aunque señaló que estas prácticas ya existen bajo la normativa actual.
“No creo que el proyecto de ley incentive más de lo que ya ocurre”, dijo Rivera, refiriéndose a la simulación de operaciones. Concluyó que, desde una perspectiva económica, la propuesta legislativa sería beneficiosa al aliviar una carga tributaria en ciertos casos sin afectar de manera considerable las finanzas municipales.
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En ese sentido, Carlos Moreano, director del área de Impuestos en PPU coincidió: “Las operaciones de compra y venta son las que realmente dinamizan el mercado, no las donaciones, que son casos muy residuales”.
Según el abogado, este proyecto podría incrementar la informalidad y facilitar la evasión fiscal, ya que las partes podrían simular donaciones para evitar el pago del impuesto de alcabala, un impuesto con una larga historia y que es esencial para la financiación municipal.
Moreano destacó la preocupación por el posible aumento de las simulaciones de donaciones, lo que representaría un desafío para las municipalidades, que ya luchan por detectar tales fraudes. “Los municipios tienen pocas posibilidades recaudatorias y una capacidad limitada para enfrentar la evasión fiscal,” añadió.
Por otro lado, cuestionó la efectividad del proyecto para impulsar el desarrollo en zonas menos prósperas, como Comas o Carabayo. “Aunque el proyecto busca dinamizar zonas con bajo desarrollo urbano, las compras y ventas son las que verdaderamente impulsan la economía, no las donaciones,” afirmó.
Finalmente, advirtió que aunque el proyecto de ley tiene buenas intenciones, podría terminar complicando más la situación que ayudando. “Este proyecto podría generar más problemas a nivel municipal, fomentando la informalidad y aumentando las simulaciones de transacciones para evadir impuestos,” concluyó el director de Impuestos y Comercio Internacional en PPU.
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