Tres empresas pesqueras industriales enfrentaron la incautación de sus embarcaciones debido a procedimientos de extinción de dominio aplicados por infracciones administrativas. Estas medidas generan preocupación en el sector, ya que dejan sin trabajo a la tripulación de las embarcaciones afectadas e impactan en la producción pesquera nacional.
En respuesta a estos acontecimientos, la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP), el Sindicato Único de Pescadores de Nuevas Embarcaciones del Perú (SUPNEP) y la Asociación Nacional de Armadores Pesqueros se mostraron en contra de la Ley 26920 y sustentaron su postura mediante un comunicado.
Las organizaciones destacaron que la pesca industrial es una actividad formal y regulada que contribuye significativamente a la economía nacional. Además de generar empleo y divisas, el sector asegura una fuente de alimentación en el país y en el extranjero al operar bajo estándares internacionales de sostenibilidad y conservación de recursos hidrobiológicos.
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Según los gremios, la extinción de dominio es un proceso legal ideado para atacar actividades ilícitas vinculadas a la criminalidad organizada, como el tráfico de drogas, terrorismo, secuestro, extorsión, lavado de activos y minería ilegal.
Este mecanismo permite que las autoridades confisquen bienes de procedencia ilícita o que se presuma fueran usados para cometer delitos graves. Sin embargo, los gremios cuestionaron su aplicación a empresas de pesca industrial que, según indicaron, operan dentro de la legalidad y bajo estricta supervisión de las autoridades.
Para las asociaciones, la aplicación de esta medida a infracciones administrativas supone una interpretación ampliada del proceso de extinción de dominio que podría estar yendo más allá de su propósito original.
La SNP y sus aliados sostuvieron que equiparar una infracción administrativa con un delito penal, en este contexto, tiene consecuencias para las operaciones económicas formales, generando, en su opinión, riesgos para la continuidad de las actividades pesqueras y para la estabilidad laboral de los empleados involucrados.
Por otro lado, el comunicado llamó a una revisión de las normas de extinción de dominio para asegurar que su aplicación no sea “arbitraria o desproporcionada” y para que se enfoque en combatir el crimen organizado, sin impactar a los sectores que, según los gremios, operan dentro del marco regulatorio.
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