
El Poder Ejecutivo aprobó un nuevo marco legal que fortalece la capacidad sancionadora del Osiptel, con el objetivo de evitar que las empresas de telecomunicaciones dilaten por años el pago de multas mediante procesos judiciales.
Mediante el Decreto Legislativo N.° 1718, el Ejecutivo modificó la Ley N.° 27336 e incorporó el artículo 35-A, que establece un régimen disuasivo para la ejecución de las resoluciones sancionadoras del regulador. Con este cambio, las multas impuestas por el Osiptel serán ejecutadas una vez que queden consentidas o cuando se haya agotado la vía administrativa.
Uno de los principales ajustes es que la sola presentación de una demanda judicial ya no suspenderá automáticamente la ejecución coactiva de una multa, destacó el Osiptel en un comunicado.
A partir de ahora, las empresas operadoras que decidan impugnar una sanción deberán presentar una carta fianza bancaria a favor del Osiptel por un monto equivalente al de la multa impuesta.

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NUEVAS REGLAS PARA LA EJECUCIÓN DE MULTAS
Con ello, el regulador busca asegurar el cobro efectivo de las sanciones cuando los procesos judiciales concluyan a su favor, manteniendo el equilibrio entre el interés público y el derecho de defensa de las empresas.
Este nuevo esquema apunta a reducir las prácticas dilatorias que permitían postergar el pago de multas durante años y a fortalecer la eficacia del sistema sancionador en el sector telecomunicaciones, subrayó el Osiptel.

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MULTAS PENDIENTES Y PRESIÓN REGULATORIA
El cambio normativo responde a un problema identificado por el Estado: el elevado número de sanciones impagas pese a haber concluido la vía administrativa. Al tercer trimestre de 2025, el Osiptel registraba 788 multas pendientes de pago, que en conjunto superan los S/ 985 millones, incluyendo intereses.
De ese total, 567 multas, por S/739 millones, se encuentran judicializadas, concentrando el mayor volumen de deuda en trámite. En tanto, 61 multas, por S/ 29 millones, están en proceso de cobranza coactiva, mientras que 160 multas, equivalentes a S/ 217 millones, permanecen en etapa de cobro administrativo.








