Con 8 votos a favor y dos en contra, la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso de la República aprobó el dictamen de la Ley 3340/2022-CR que propone elevar de 350 UIT a 1.000 UIT ( S/ 4 millones 950,000 con el valor del 2023) el tope de sanciones que puede aplicar el Osiptel a las empresas operadoras de telefonía e internet.
De esa forma, según el texto aprobado que pasará al Pleno del Congreso, el regulador podría imponer una multa de hasta 100 UIT de determinarse una infracción leve; hasta 500 UIT para una infracción grave, y hasta 1,000 UIT para una infracción muy grave.
Previo a la votación, el presidente Ejecutivo de Osiptel, Rafael Muente, precisó que actualmente el organismo tiene el nivel de sanciones más bajos respecto a otros reguladores. Incluso Indecopi -agregó- puede sancionar con hasta 450 UIT a un solo establecimiento por caso de discriminación. El Osiptel, solo 350 UIT.
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“Tenemos el nivel de sanciones más bajo entre todos los reguladores, eso permite a las empresas a tomar aptitudes no adecuadas, como evitar enviar la información requerida y asumir las consecuencias legales, lo que evidencia que las sanciones no generan un efecto disuasivo y eso les permite actuar con impunidad”, señaló.
Muente descartó que el incremento de multas beneficie a Osiptel, pues lo recaudado se transfiere a Pronatel, un programa del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). Señaló, también, que buena cantidad de las sanciones impuestas terminan judicializadas por las empresas operadoras.
En esa línea, exhortó a la Comisión que incorpore como responsable a las empresas de telefonía para la sanción por la venta ambulatoria de chips. “Limitar la responsabilidad solo a los ambulantes y distribuidores sería solo un saludo a la bandera. En el momento que estas empresas tengan responsabilidad se acaba estas ventas”, enfatizó.
De acuerdo a datos del regulador, en los dos últimos años las empresas han denunciado 24 veces a Osiptel por limitar la venta ambulatoria de los chips, pero sin éxito.
“Esta práctica (venta ambulatoria) pone en riesgo los datos personales y el patrimonio. Hemos constatado que hay más de 400,000 usuarios de líneas con nombres absurdos como “Jaja” o “mi tía está loca”, y que son líneas, además, usadas para actos delictivos”, detalló.
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Dato
-De ser aprobado en el Pleno del Congreso y, posteriormente publicado en el diario oficial El Peruano, la ley precisa que las infracciones que se hayan configurado antes de la entrada en vigencia las nuevas multas, continúa siendo aplicable la escala anterior.
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