Los organismos reguladores de los servicios públicos, Osinergmin, Osiptel, Sunass y Ositrán, expresaron su preocupación conjunta frente al reciente fallo emitido por el Primer Juzgado Constitucional de Lima, que dispuso que el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán) se abstenga de ejercer -de manera directa o a través de sus dependencias- sus facultades de regulación, supervisión, fiscalización y sanción en las operaciones y actividades del Terminal Portuario Multipropósito de Chancay.
“Los mencionados organismos respetan las decisiones del Poder Judicial; sin embargo, consideran necesario recordar la importancia de contar con entidades reguladoras independientes, técnicas y sólidas, que garanticen el cumplimiento de normas, estándares de seguridad, regulación de tarifas competitivas y condiciones óptimas de operación en infraestructuras de alta relevancia para el país”, indicaron en un comunicado.
LEA TAMBIÉN: Ositrán insistirá en supervisar el puerto de Chancay: terminal del Grupo Romero es la clave
Agregaron que la supervisión y regulación en infraestructuras de uso público -sin importar la nacionalidad, naturaleza o titularidad del operador-, es un elemento fundamental para velar por los intereses del Estado peruano, la transparencia en las operaciones, la protección de los usuarios y la prevención de riesgos que puedan afectar a la ciudadanía en el funcionamiento de servicios esenciales.
Al respecto, recordaron que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha enfatizado la importancia de preservar la independencia operativa de los organismos reguladores como condición esencial para el buen funcionamiento de los mercados y la protección del interés público.
En esa línea, los cuatro organismos consideraron que “cualquier limitación a su accionar técnico generaría un precedente negativo”, pues podría afectar la capacidad del Estado para supervisar adecuadamente a las empresas que brindan servicios públicos.
“El Osinergmin, Osiptel, Sunass y Ositrán reafirman su confianza en que las instancias superiores de nuestro sistema de justicia evaluarán este caso con la mayor rigurosidad, objetividad y sustento jurídico, considerando el interés general, la defensa de los derechos los usuarios y ciudadanía en general, y el rol constitucional de los organismos reguladores respecto de los servicios públicos", detallaron.
LEA TAMBIÉN: AFIN advierte que no puede haber puertos sin regulación en el país
