AFIN expresó su preocupación ante la actual situación del proyecto Majes Siguas II. (Foto: GEC)
AFIN expresó su preocupación ante la actual situación del proyecto Majes Siguas II. (Foto: GEC)

Poner en riesgo la continuidad del proyecto , en Arequipa, generaría más de 100,000 puestos de trabajo directos e indirectos para la población de su área de influencia, estimó la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN).

Mediante un comunicado, el gremio expresó su preocupación ante la actual situación del proyecto Majes Siguas II y la confusión que se está instalando entre los distintos mecanismos para desarrollar infraestructuras de servicios públicos.

Un contrato de concesión supone obligaciones recíprocas del concesionario y el concedente. En el caso de Majes, el proyecto ha tenido años de inconvenientes y retrasos por indefiniciones, interpretaciones antojadizas del contrato y falta de cumplimiento de las obligaciones de la contraparte estatal. La solución para encaminar el proyecto es aprobar los expedientes técnicos, tomar las decisiones que por contrato se tiene que tomar y avanzar rápidamente”, planteó AFIN.

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Agregó que caducar un contrato es un recurso último, que solo se justifica en pocos casos y genera que cualquier proyecto se paralice por periodos muy largos. “Supone controversias, arbitrajes, en muchos casos pagos de indemnizaciones al privado, y el resultado no es un proyecto destrabado”, dijo.

Soluciones

AFIN señaló que los convenios de Gobierno a Gobierno (G2G) son una solución excepcional para cierto tipo de intervenciones de relevancia y que también exigen contraparte gubernamental solvente.

El país con el que contratamos no puede hacer todo el trabajo. Se necesita funcionarios entrenados y capaces que respondan oportunamente y destraben los proyectos. Plantear un G2G como solución para destrabar un proyecto que ya es una realidad cuya demora se debe a burocráticos puede sonar bien, pero no resolverá el problema de fondo”, refirió.

Mencionó que Majes Siguas II es un proyecto emblemático para Arequipa y todo el sur del país.

Poner en riesgo su continuidad supone dejar de generar, según estimaciones, más de 100,000 puestos de trabajo directos e indirectos para la población de su área de influencia. A ello hay que sumar el impacto en impuestos que no se recaudarán y las grandes oportunidades de desarrollar agroexportaciones en la región que hoy no existen”, anotó.

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En ese sentido, el gremio precisó que se debe corregir los graves problemas de gestión, permisología y burocracia que impiden la ejecución de este y otros grandes proyectos de infraestructura, más allá de la herramienta que se use.

Además, detalló que la concesión existente debe mantenerse por todo lo avanzado y se tiene que dar señales de que somos un país serio, que respeta sus compromisos y los contratos que firma. “Preocupa sobremanera la relativa facilidad con la que algunas autoridades anuncian caducidades de contratos”, acotó.

Por eso, invocó al Poder Ejecutivo a sincerar el tratamiento a los proyectos de infraestructura.