El año pasado, el Perú incumplió la regla fiscal ante la menor recaudación y mayores presiones de gasto público. La aprobación de leyes que reducen la recaudación e incrementan el gasto público, así como los rescates financieros a Petroperú, apuntan a que se incumpliría la meta también en este 2024, incluso bajo un escenario de mayores precios de exportación y crecimiento económico.
En un análisis elaborado por el Instituto Peruano de Economía (IPE), compartido en exclusiva con Gestión, se subraya que esta situación pone en riesgo la credibilidad y sostenibilidad fiscal en el mediano plazo, por lo que es importante asegurar un manejo responsable y eficiente de las finanzas públicas para mantener la fortaleza macroeconómica, clave para el crecimiento y la reducción de la pobreza.
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Radiografía del 2023
Las finanzas públicas fueron severamente afectadas durante el 2023 debido a la recesión y menores cotizaciones internacionales de materias primas, las cuales provocaron una significativa caída de los ingresos fiscales, en un contexto de elevadas presiones de gasto público.
La recaudación fiscal se redujo en 10.3% en términos reales, la segunda peor caída de las últimas tres décadas, solo superada por la pandemia. Los menores ingresos por regularización y pagos a cuenta del Impuesto a la Renta (IR), así como la disminución de ingresos por Impuesto General a las Ventas (IGV) a las importaciones, explican este resultado. Con ello, los ingresos del Gobierno pasaron de 22.1% a 19.8% del PBI entre el 2022 y 2023.
La atención de la reactivación económica y la emergencia climática limitó la reducción del gasto público durante el 2023. El espacio fiscal generado por los menores recursos destinados al covid-19 y los planes de reactivación de años previos fueron utilizados para la ejecución del plan Con Punche Perú.
Con ello, la reducción del gasto público de 22% a 20.9% del PBI entre el 2022 y 2023 fue insuficiente para compensar el significativo retroceso en la recaudación. Este desequilibrio provocó que el déficit fiscal se incremente a 2.8% del PBI en el 2023, cifra superior a la regla de 2.4% del PBI. Con ello, el país incumplió sus propias metas fiscales establecidas para asegurar la sostenibilidad de las finanzas públicas.
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Panorama para el 2024
Los retos fiscales para este año son significativos al considerar que la asignación de recursos aprobada en la Ley de Presupuesto Público del 2024 contempla un aumento de casi S/ 10 mil millones en rubros vinculados a personal y remuneraciones. Esta es una de las partidas que más ha presionado el déficit fiscal durante el 2023.
El incremento de remuneraciones planteado para este año es más del doble del incremento entre el 2011 y 2019 (S/ 3,866 millones) y supera el crecimiento total del gasto público estimado en el Marco Macroeconómico Multianual 2024-2027, lo cual resta flexibilidad para aumentos en otras partidas presupuestales igual de relevantes.
Bajo este escenario de presiones sobre las partidas más rígidas del gasto público, y en ausencia de reformas que reduzcan sus ineficiencias, el MEF tendrá el enorme desafío de recaudar casi S/ 18 mil millones más que en el 2023 para cumplir con la meta de un déficit de 2.0% del PBI en este 2024, según cálculos del IPE.
Incluso una mejora en los vientos externos con precios del cobre cercanos a US$/lb 4.0 y un crecimiento de la economía peruana de 3.0% al cierre del año, podría resultar solo en niveles de recaudación fiscal cercanos al 20.3% del PBI, cifra inferior a lo necesario (20.6% del PBI) para compensar el fuerte incremento programado en el gasto público.
En este contexto, el escenario base del IPE proyecta un déficit fiscal de 2.9% del PBI en el 2024, el cual podría reducirse a 2.3% del PBI con mejores vientos externos y un mayor dinamismo de la economía, en un escenario optimista. Estas estimaciones revelan la alta probabilidad de que se incumpla por segundo año consecutivo la regla de déficit fiscal.
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Riesgos a futuro
A pesar de que el déficit fiscal del Perú se ubica entre los más bajos de América Latina y otras economías emergentes, el país enfrenta riesgos que podrían comprometer su credibilidad y sostenibilidad fiscal en el mediano plazo. Así, existen medidas tanto desde el Poder Ejecutivo como el Legislativo que generan presiones para una menor recaudación y un mayor gasto público, y que nos alejan aún más del cumplimiento de la regla fiscal de 2.0% del PBI en el 2024 y la consolidación fiscal en los años siguientes.
Estas medidas incluyen el otorgamiento de beneficios tributarios, que imponen tratos diferenciados entre sectores y afectan negativamente la recaudación. En cuanto a los gastos, además, preocupa las iniciativas legislativas aprobadas por insistencia con impacto en las finanzas públicas. Estas se han cuadruplicado de tres de cada 100 leyes en el periodo 2001-2019 a 11 de cada 100 en 2020-2023, según el Consejo Fiscal, incluso cuando el Congreso no cuenta con iniciativa de gasto según la Constitución.
Entre otras acciones con impacto fiscal significativo, destaca la operación de endeudamiento de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) por un monto de S/ 1.2 mil millones por veinte años. Ello, como parte de un plan de endeudamiento de S/4 mil millones, que elevaría el nivel de deuda de la MML a casi 4.5 veces sus ingresos corrientes.
Adicionalmente, continuaría el deterioro financiero de Petroperú, que puede derivar en nuevos rescates financieros del Gobierno, y comprometer significativamente los recursos fiscales o incrementar el endeudamiento público. Ello ilustra los riesgos de contar con una empresa pública sin un buen manejo corporativo que genera pérdidas que recaen sobre todos los contribuyentes.
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Proteger la fortaleza fiscal
La sostenibilidad fiscal es clave para la estabilidad macroeconómica, condición necesaria para el crecimiento económico y un mayor bienestar. Actualmente, el Perú aún cuenta con una calificación crediticia que reconoce la solvencia de las finanzas públicas y fortaleza macroeconómica. Sin embargo, las mayores presiones de gasto sin fuentes sostenibles de financiación, junto con el deterioro de las fuentes de ingresos, podrían elevar la deuda pública y potencialmente impactar sobre esta calificación.
En ese escenario, aumentarían los costos de financiamiento para el sector público y privado, reduciendo la inversión y comprometiendo los recursos necesarios para cerrar brechas.
Por consiguiente, es fundamental que el Poder Ejecutivo y Legislativo aseguren un mayor compromiso con el manejo eficiente y responsable de las finanzas públicas: la estabilidad macroeconómica, clave para el crecimiento y la reducción de la pobreza, está en juego. El accionar del nuevo titular del Ministerio de Economía será preponderante para asegurar esta trayectoria.
Teodoro Crisólogo Grández, economista sénior del IPE
El nuevo titular del MEF tendrá el enorme reto de revertir la incipiente y preocupante erosión de la institucionalidad fiscal del país, generada por la incapacidad para contener iniciativas de gasto altamente costosas para el Estado. Durante décadas, la disciplina en el manejo de las finanzas públicas ha sido una fortaleza que ha distinguido al Perú del resto de las economías emergentes.
Sin acciones concretas para frenar leyes populistas, ampliar la base de contribuyentes, racionalizar beneficios tributarios y reducir las ineficiencias del gasto público, se seguirá poniendo en riesgo la credibilidad fiscal, que tanto tiempo le costó al país construir.
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