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El Consejo Fiscal (CF) pone en alerta la existencia de una serie de medidas emitadas por el Poder Ejecutivo y el Congreso que pondrían en riesgo la sostenibilidad fiscal del Perú en 2024 y en los próximos años; advirtiendo que dichas medidas deben ser corregidas a la brevedad.
El CF asegura que hay propuestas que, en vez de estar orientadas a incrementar los ingresos y controlar el crecimiento de gasto público, aumentan el riesgo fiscal.
“El CF observa que las últimas medidas dictaminadas, tanto por el Poder Ejecutivo como por el Legislativo, van en dirección contraria, generando presiones a una menor recaudación tributaria, a un mayor gasto público y a nuevos riesgos fiscales, lo que complica aún más el cumplimiento de una senda sostenible, ya de por sí desafiante”, señalaron mediante un comunicado.
De acuerdo al organismo continuar con estas decisiones augura que Perú volvería a incumplir su regla fiscal este año (fijada en 2% del PBI), luego de romperla en 2023, pues se estima un déficit fiscal de 2.8% del PBI, cuando el tope establecido era de 2.4% para el año pasado.
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Cuestionamientos al Ejecutivo
El CF comentó, respecto a las medidas tributarias, que la Ley 31969, que otorga beneficios tributarios a los sectores textil-confecciones y agrarios, afectarían negativamente la recaudación y se contrapone a los lineamientos de política tributaria expresados en el Marco Macroeconómico Multianual 2024-2027 (MMM).
“Estos lineamientos establecen que los beneficios tributarios deben racionalizarse pues generan menor recaudación fiscal e incrementan las posibilidades de elusión y evasión tributaria. Adicionalmente, a juicio del CF, los beneficios tributarios generados bajo la Ley N° 31969 no cuentan con sustento técnico preciso”, asegura el Consejo Fiscal.
Como contó Gestión, la ley señalada brinda una deducción adicional para el Impuesto a la Renta (IR) por la contratación de nuevos trabajados cuyos sueldos no superen los S/ 1,700 mensuales, entre otros incentivos. Gremios del sector esperan que las exportaciones textiles se dupliquen hacia el 2028.
El CF también indicó que hay un “significativo riesgo fiscal” por el aumento de cerca de S/ 10,000 millones para el presupuesto en el rubro “personal y obligaciones sociales” para este 2024. El Consejo Fiscal señala que tampoco guardaría consistencia con las proyecciones del MMM.
“Es similar al incremento del gasto no financiero total previsto en el MMM. Considerando que en este rubro en particular la variación interanual en el Presupuesto Institucional de Apertura suele ser buen predictor del incremento del gasto en remuneraciones ejecutado, el CF considera que este aumento previsto en la ley de presupuesto constituye un riesgo para el cumplimiento de la regla fiscal en el corto plazo, y por su naturaleza permanente, para futuros ejercicios fiscales”, indicaron.
Por ello el CF recomendó incorporar las proyecciones del MMM en la etapa de programación y formulación del presupuesto anual del Estado, para minimizar las discrepancias entre los recursos otorgados y los topes establecidos por el documento.
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Congreso impulsa gasto
El Consejo Fiscal también ha cuestionado al Congreso por ciertas leyes impulsadas que aumentarían el gasto público, a pesar que este poder del Estado no cuenta con esa iniciativa, de acuerdo al artículo 79 de la Constitución.
En ese sentido, recordaron la existencia de la Ley N° 31729, Ley que actualiza el Bono de Reconocimiento a los aportantes y ex-aportantes de la ONP, que fue aprobada por insistencia y sobre la que el Gobierno ha presentado una demanda de inconstitucionalidad en el Tribunal Constitucional recientemente.
“Tendría, de acuerdo con la propia demanda, un costo fiscal de aproximadamente cuatro puntos porcentuales del PBI. Ante ello el CF observa que la aplicación de la ley generaría mayores presiones fiscales sobre el Tesoro Público, por la reducción en los aportes del SNP y el incremento de la deuda derivada de los bonos de reconocimiento que se emitan”, afirmaron.
El CF también se refirió a las discusiones que se vienen dando en el Congreso sobre la reforma del sistema de pensiones. De acuerdo a la comisión, las propuestas materia de análisis no cuentan con un un estudio actuarial ni cálculos detallados de dichos costos, y que los identificados podrían estar siendo subestimados de manera significativa.
“Por ejemplo, en el caso de la propuesta del Poder Ejecutivo, para la medida sobre la ampliación del pilar no contributivo solo presenta los costos para un horizonte de 10 años, cuando para este tipo de propuestas se requieren análisis a horizontes muy largos (hasta de 100 años) y adicionalmente, proyecta beneficios en términos nominales, lo cual es improbable que se sostengan en horizontes largos como son los de reformas pensionarias”, refirieron.
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Otros riegos fiscales
El CF también enumeró una serie de hechos recientes que generarían importantes contingencias fiscales, más allá del ámbito de las leyes ya reseñadas.
Entre ellas, por ejemplo, manifestó su preocupación respecto a la reciente operación de endeudamiento sin garantía del Gobierno Nacional realizada por la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) por un monto de S/ 1,205 millones a un plazo de 20 años y con una tasa de 10.1% anual, como parte de un plan de endeudamiento total que alcanzaría los S/ 4,000 millones.
Además, criticó la creación del fideicomiso titulización para el financiamiento de obras de infraestructura relacionadas al desarrollo del transporte y la movilidad urbana en Lima y Callao. “Al respecto, el CF reitera que este tipo de mecanismos puede generar mayor gasto y endeudamiento público, así como pasivos contingentes no contemplados en el MMM vigente”, indicaron al respecto.
También se refirió a la situación de la petrolera estatal Petroperú y su nuevo pedido –por ahora denegado por el Ejecutivo– sobre un nuevo apoyo financiero.
“El CF advierte que nuevas medidas de apoyo financiero a Petroperú conllevarían implicancias fiscales relevantes, pudiendo reducir la disponibilidad de recursos líquidos del gobierno o presionar hacia mayores niveles de endeudamiento público”, comentaron.
La calificadora estima que petrolera estatal mantendrá deuda estructural de US$ 5,700 millones durante al menos los próximos dos años y que hoy necesita apoyo inminente ante sus graves restricciones de liquidez.
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