El gerente general del Instituto Peruano de Economía (IPE), Carlos Gallardo, manifestó que, en los últimos cinco años, el presupuesto para combatir la minería ilegal se redujo en un 37%.
“Si no tienes una estrategia integral para combatir la minería ilegal, va a ser difícil que cambien las cosas. ¿En qué consiste esta estrategia integral? Las acciones de erradicación que han disminuido grandemente en estos últimos años, el presupuesto mismo de todo el combate en la minería se ha reducido en alrededor del 37% en los últimos cinco años. Estamos dedicando menos presupuesto a combatir esta actividad”, comentó en Diálogos Mineros del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP).
Asimismo, Gallardo subrayó que otra de las razones por las que continúa avanzando la minería ilegal es que no hay articulación entre las instituciones del Estado. “El mismo alto comisionado para la minería ilegal de la PCM, ha señalado que tiene limitaciones de personal y de recursos públicos para hacer su trabajo. Entonces, por más bien intencionado que pueda ser, no va a poder hacer un buen trabajo por falta de recursos y eso lo ve el MEF”, anotó.
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El gerente general del IPE también consideró que un trabajo coordinado entre países para seguir la trazabilidad del oro podría ayudar a combatir la minería ilegal. Por ejemplo, se debería tener coordinaciones con los principales importadores como Estados Unidos, Suiza, India, Emiratos Árabes y Canadá, a fin de fiscalizar si el oro que salió del país es legal o no. “Entonces es difícil que podamos avanzar si no hay esta coordinación entre países”, finalizó.
De 23 proyectos mineros postergados, solo 8 tienen fecha de inicio
De otro lado, Carlos Gallardo, afirmó que de 23 proyectos mineros que están demorados por razones ajenas a la voluntad de la empresa, solo ocho tienen fecha de inicio. Así lo indicó en una entrevista con el programa Diálogos Mineros, del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP).
“Hay proyectos en la lista de estos 23, unos más retrasados que otros. Y lo preocupante también es que solo ocho tienen fecha de inicio. Todo esto, digamos, a la luz de la cartera de julio del 2023, porque hubo algunos ajustes para bien en la determinación de las fechas hacia la cartera de este año, pero digamos que la idea se mantiene. Estos proyectos que están retrasados no tienen una fecha todavía por delante, no determinada”, comentó Gallardo.
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Bajo esa premisa, indicó que entre los proyectos que están con retraso por decisiones ajenas a la empresa se encuentran Conga (Cajamarca), Tía María (Arequipa) y Michiquillay (Cajamarca). Sostuvo que entre las principales razones para que no se ejecuten las iniciativas mineras es la conflictividad social. Si bien destacó que entre los años 2021 y 2022, la cifra de conflictos disminuyó, a la fecha las estadísticas aún son elevadas y similares a los años 2017 y 2018.
“Entonces hay todavía trabajo que hacer y hay un trabajo importante del Estado ahí para prevenir la conflictividad social, para eso es importante el trabajo para el cierre de brechas que pueda ser en términos de infraestructura, por ejemplo, en servicios”, apuntó.
Gallardo también advirtió que la falta de desarrollo de estos grandes proyectos mineros podría desalentar la inversión y disminuir la competitividad del país. “El hecho de que, por ejemplo, Tía María pueda no avanzar, va a impactar en el desarrollo de los otros proyectos, porque en lugar de estar intentando de una buena vez sacar adelante un proyecto en Perú, bueno, me iré a Chile, me iré a Australia, a Canadá, donde no tengo estos problemas”, finalizó.
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