La inseguridad ciudadana se ha consolidado en los últimos años como uno de los principales problemas que enfrenta el Perú, con efectos directos, por supuesto, en la calidad de vida de los ciudadanos, pero también en el desempeño de la economía.
Entre 2021 y 2024, la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes mostró un incremento sostenido en la mayoría de las regiones. Esta dinámica ha tenido un impacto directo en la actividad económica, medido en términos de pérdida de crecimiento y de Producto Bruto Interno (PBI).
Este informe cuantifica la pérdida acumulada en la actividad productiva regional, aproximada por el Valor Agregado Bruto (VAB), aplicando dos metodologías de referencia —la utilizada por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la empleada por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)— y complementa los resultados con un análisis regional.
Así, el Consejo Privado de Competitividad (CPC) calculó que la inseguridad le costó en términos de crecimiento más de S/ 6 mil millones al Perú.
LEA TAMBIÉN: ¿Perú sin turistas? El efecto de lo que dice Trump sobre Lima se vería dentro de un año
Contexto de la inseguridad en el Perú
De acuerdo con cifras del Sistema Nacional de Defunciones (SINADEF), los homicidios en el país alcanzaron en 2025 un récord histórico de 1,285 casos, un 15% más que en 2024, lo que confirma la tendencia creciente delictiva en el país, con un aumento de 104% con respecto al 2019.
Las víctimas de extorsión pasaron de 190 mil a 334 mil en el mismo período, lo que representa un incremento de 75%, mientras que las víctimas de robos a negocios aumentaron en más de 47 mil. La inseguridad se ha generalizado a tal punto que, incluso en regiones donde el gasto público en orden interno es alto, las denuncias de delitos violentos se han disparado.
En Lima, por ejemplo, las denuncias por secuestro y extorsión aumentaron 865% entre 2019 y 2025, demostrando que el aumento del gasto no se ha traducido en mejoras sustantivas de la seguridad ciudadana.
Informe CPC, septiembre 2025.
Informe CPC, septiembre 2025.
La literatura económica confirma que esta realidad tiene múltiples canales de transmisión sobre la actividad económica. El BCRP (2024) estima que el costo total de la inseguridad equivale al 2.2% del PBI nacional, de los cuales el 1.5% corresponde a costos privados (gasto en seguridad, pérdidas patrimoniales, seguros) y 0.7% a gasto público en orden interno. El MEF (2025) reporta cifras similares para 2025: S/ 19.8 mil millones en costos agregados (1.7% del PBI), de los cuales S/ 13.9 mil millones son asumidos por el sector privado.
El impacto de la inseguridad trasciende las cifras macroeconómicas y se evidencia en la vida cotidiana y en la operación de los negocios. Una encuesta de Ipsos (2025) para el Observatorio del Crimen y la Violencia revela que el 50% de los limeños ha visto cerrar o reducir actividad en negocios que solía frecuentar en el último año debido a la inseguridad.
A nivel nacional, se estima que cerca de 8 millones de peruanos han vio cerrar negocios por razones vinculadas a la delincuencia, reflejando el impacto generalizado de la criminalidad sobre el tejido empresarial del país.
Este fenómeno se agrava porque el problema real es aún mayor de lo que muestran las estadísticas. De acuerdo con el INEI, el 43.6% de las personas que fueron víctimas de algún delito optó por no denunciar porque considera que es una pérdida de tiempo, mientras que el 11.5% señaló que no lo hizo por desconfianza en la Policía.
Informe CPC, septiembre 2025.
Un 13.8 % desconfía de la Policía Nacional del Perú. (Foto: Andina)
Este subregistro implica que una fracción significativa de los delitos no queda reflejada en las estadísticas oficiales, lo que refleja una profunda sensación de ineficacia institucional y falta de confianza ciudadana en el sistema de justicia y en la capacidad de respuesta de las autoridades.
Las consecuencias de esta desconfianza y violencia también se observan en los hábitos y decisiones de los hogares. A nivel microeconómico, el Observatorio del Crimen y la Violencia (2025) reporta que el 75% de los hogares afirma experimentar estrés o ansiedad asociados a la violencia. Por su parte, los resultados de la encuesta El Consumidor de Ipsos (2024) encuentra que el 55% de las personas evita salir de noche y el 33% lleva menos efectivo por temor a robos. Estos cambios de comportamiento reducen el consumo, afectan la productividad laboral y desincentivan la inversión privada.
La literatura académica confirma que estos efectos tienen un impacto significativo sobre la economía en su conjunto. Diversos estudios muestran que duplicar la tasa de homicidios reduce la producción de las empresas en aproximadamente 8% y el empleo en 5%, mientras que en contextos de extorsión los pagos adicionales se trasladan casi uno a uno a los precios mayoristas, encareciendo productos esenciales y afectando el bienestar de los hogares.
LEA TAMBIÉN: ¿Dinero perdido por inseguridad podría aliviar déficit fiscal? Los S/ 19,800 millones en juego
El impacto: lo que Perú no logró crecer
Los cálculos muestran que entre 2021 y 2024, la pérdida acumulada en la actividad productiva osciló entre S/ 6,060 millones y S/ 6,618 millones -soles de 2021- debido al aumento de homicidios, que equivale, en promedio, al 0.2% promedio del VAB de cada año.
Informe CPC, septiembre 2025.
Informe CPC, septiembre 2025.
El análisis desagregado por región revela importantes diferencias territoriales. Lima y Callao concentran casi la mitad de la pérdida acumulada. La Libertad, Piura y Áncash completan el grupo de las cinco regiones con mayores pérdidas. En conjunto, estas cinco regiones explican más del 70% del impacto económico de la inseguridad a nivel nacional.
En Lima, la pérdida acumulada entre 2021 y 2024 asciende a S/ 2,707 millones según la metodología MEF, lo que equivale, en promedio, al 0.2% del VAB anual de la región. En el Callao, la pérdida es de S/ 527 millones. La Libertad muestra una pérdida de S/ 493 millones, reflejo del fuerte aumento de homicidios registrado en 2024. Piura y Áncash presentan pérdidas de S/ 371 millones y S/ 254 millones, respectivamente.
Informe CPC, septiembre 2025.
Lucha contra la criminalidad como política económica prioritaria
El incremento de la inseguridad en el Perú entre 2021 y 2024 no es solo un problema social, sino una amenaza directa al crecimiento económico y a la competitividad del país. Las pérdidas estimadas —entre S/ 6,060 millones y S/ 6,618 millones de soles (a precios de 2021)— reflejan el alto costo de no invertir de manera eficiente en seguridad y prevención.
Este informe muestra que la lucha contra la criminalidad debe ser considerada una política económica prioritaria: cada punto adicional de homicidios no solo representa vidas perdidas, sino también puntos de crecimiento y miles de millones de soles que el país deja de generar.
Abordar esta crisis exige decisiones firmes, coordinación entre niveles de gobierno y un compromiso sostenido del sector privado y la sociedad civil. Solo así será posible revertir la tendencia creciente de la inseguridad y liberar el potencial de crecimiento económico que el país necesita para cerrar brechas sociales y mejorar el bienestar de la población.
