El Ministerio Público tiene más de 7,200 investigaciones a nivel nacional por el delito de minería ilegal, desde el 2019 hasta fines del 2023. Así lo reveló el fiscal Federico Chavarry Cuneo, de la Fiscalía Provincial Especializada en Materia Ambiental de Puno, en una entrevista exclusiva con el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP).
“De los 7,200 casos que tenemos, por lo menos un 40% se encuentran judicializados. Es decir, algunos se encuentran en etapa de investigación preparatoria, y otros, en etapa de juzgamiento”, comentó el letrado.
En ese sentido, afirmó que las regiones con más casos son Madre de Dios (2,705), La Libertad (527), Puno (450), Ucayali (300) y Cusco (286). “No tenemos el número exacto del total de personas investigadas, pero en la mayoría de las investigaciones por minería ilegal, hay entre 5 a 15 personas naturales que participan en el acto delictivo”, aseveró Chavarry.
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Sentencias e incautaciones
Asimismo, el representante del Ministerio Público manifestó que, hasta fines del 2023, lograron un total de 285 sentencias condenatorias, de las cuales 203 fueron con sentencias suspendidas y 82 con pena efectiva. En promedio, se condenaron entre 5 a 10 personas por este delito en cada caso.
No obstante, subrayó que las sentencias habrían sido más si es que el Poder Judicial no pospusiera demasiadas veces las audiencias de etapa de juicio oral. “Tengo casos del 2013 y 2014 que aún no han sido juzgados. Es lamentable”, contó.
El fiscal Chavarry también hizo hincapié en el trabajo que realizan en conjunto con la Fiscalías de Extinción de Dominio, logrando incautar aproximadamente más de S/ 1,000 millones en patrimonio de estas organizaciones criminales como excavadoras, volquetes y cargadores frontales. De la misma manera, se logró decomisar hasta 1,000 kilos de oro en algunos casos.
El portavoz del Ministerio Público manifestó que uno de los delitos conexos que encuentran en la mayoría de casos de minería ilegal, es el de corrupción de funcionarios por el mismo poder económico que genera esta actividad ilícita. Otros delitos encontrados en menores casos son el de lavado de activos y trata de personas.
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Cambio de estrategia
Según Chavarry, en la última década, el minero ilegal cambió de estrategias para seguir cometiendo actos ilícitos, mientras que el Estado no lo ha hecho.
“El Estado ha mantenido casi la misma tónica en la lucha contra la minería ilegal desde que se estableció el delito en el 2012. Los operativos, ingresar y tomar posesión de la zona, se han realizado de la misma manera, en tanto, el minero ilegal se maneja con mucha habilidad. El ilegal ya ha visto cómo es el ingreso de la Policía a la zonas, así ahora la actividad ilegal se realiza en zonas a las que la Policía no puede llegar o tiene problemas por falta de logística”, anotó.
Una de las estrategias que usan los mineros ilegales para seguir operando es la protección que hoy tienen de sus brazos armados, entre ellos grupos militarizados o guerrilleros colombianos o brasileños y los acuerdos que tienen con narcotraficantes.
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“El narcotráfico ha determinado espacios a los que la minería ilegal que no puede ingresar, y la minería ilegal viene respetando estos espacios, entonces ha habido una especie de convenio entre estos grupos mafiosos”, detalló.
En otro momento, el vocero del Ministerio Público afirmó que la minería ilegal aluvial, que se realiza en río, a través de un chute, un cargador frontal o una excavadora, puede producir hasta 8 kilos de oro semanales en regiones como Cusco, Puno y Madre de Dios.
“Considerando que hoy el gramo de oro está entre S/240 a S/260, haciendo operaciones matemáticas simples cualquiera se da cuenta del dinero que mueve un minero ilegal por el oro que produce, y esto viene siendo un atractivo bien grande para las mafias extranjeras y nacionales”, finalizó.
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