Los gobiernos locales son los encargados de supervisar, fiscalizar y sancionar a las empresas de cableado aéreo que no cumplan con las disposiciones, pero cuatro de ellas han establecidos ordenanzas: Miraflores, Surco, Lince y la Metropolitana de Lima. (Foto: Jorge Cerdan/El Comercio)
Los gobiernos locales son los encargados de supervisar, fiscalizar y sancionar a las empresas de cableado aéreo que no cumplan con las disposiciones, pero cuatro de ellas han establecidos ordenanzas: Miraflores, Surco, Lince y la Metropolitana de Lima. (Foto: Jorge Cerdan/El Comercio)
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mailAni Lu Torres

El Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería () informó que avanza con una propuesta para ordenar las redes de servicios públicos ante el incremento de cableado aéreo sin uso que afecta el ornato en los diferentes distritos del país.

Durante su participación en la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso de la República, Julio Salvador Jácome, gerente general del organismo, señaló que el objetivo es “tener un solo sistema de suministro que evite los cortes o accidentes que afecten a los usuarios”.

“Casi toda la costa tiene instalaciones de gas natural que están instaladas en el subsuelo, el asunto es cómo convivirán con las redes de agua, electricidad y telecomunicaciones. Ya estamos haciendo una propuesta”, comentó.

Osinergmin es el regulador en materia de energía y a junio de este año, registró casi 272,000 deficiencias mínimas de seguridad durante sus supervisiones relacionadas con el cableado eléctrico, de las cuales lograron subsanarse 200,000 (el 93%).

Jácome resaltó que el organismo no tiene la facultad para sancionar a las empresas operadoras de telefonía por la deficiente instalación de .

Frente a ello, la Comisión de Energía y Minas del Congreso aprobó el último 27 de setiembre la insistencia a una autógrafa observada por el Ejecutivo, el cual dispone el retiro del cableado aéreo en desuso o en mal estado en las zonas urbanas del país.

Para ello, dispone que el plazo que tendrían las diferentes y proveedoras sería de solo 24 meses desde la entrada en vigencia de la ley.

Asimismo, incluye que el incumplimiento de la disposición sería considerado una infracción ‘muy grave’, por lo que las empresas podrían recibir una sanción de entre 5 y 20 unidades impositivas tributarias (UIT) por parte del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA).

Supervisión

Por otro lado, Jácome también informó que en lo que va del 2022 el Osinergmin supervisó 429 grifos, de los cuales el 2.67% incumplía las normas de calidad de los combustibles.

También reportó que a agosto de este año, se brindó un total de 189,226 orientaciones a nivel nacional, de las cuales, el 53% fue a través del canal telefónico, el 22% corresponde al canal móvil, el 16% corresponde al canal atendido por regiones y el 9% restante mediante el canal virtual. Y que para el próximo año se migrará a un sistema de atención omnicanal.

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