Chavimochic III: Gobierno insiste a Odebrecht y Graña que desista de demanda por US$ 118 millones

Con ello -explicó a gestión.pe la ministra Jenny Ocampo- lo que busca es que el laudo quede sin efecto. Todavía está pendiente su lectura.

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El último fin de semana, tanto el concesionario como el concedente (el primero, el viernes y el segundo, el sábado) enviaron una carta al Tribunal Arbitral para una reconsideración (al no aceptar un tiempo adicional de 120 días para la lectura del laudo pendiente desde abril) la que tampoco ha tenido respuesta.

“Cuando se dio la suspensión (de la lectura del laudo), el Tribunal Arbitral indicó si es que no se dejaba en un documento o en un acta o en una adenda bien claro y estipulado los acuerdos respecto a las pretensiones o el desistimiento por escrito, ellos de todas maneras iban a laudar. Por lo que era importante llegar a un acuerdo total”, comentó.

“Dado esta situación en la que el día de hoy se culminó el plazo al mediodía (para la lectura del laudo) y está en manos del Tribunal Arbitral poder -de una vez- tomar su determinación. Si bien es cierto ambas partes han solicitado la reconsideración, pero el Tribunal es un ente independiente y ya ha advertido hasta en tres oportunidades, riesgos procesales, ya que puede suceder que algunos de los árbitros renuncien con que lo retornaríamos a foja cero, por ello indicamos a la concesionaria que lo más prudente es que ellos desistan de este proceso (arbitral)”, agregó.

Este desistimiento -se dice desde el Midagri- no implica que no se pueda trabajar “inmediatamente” la adenda para la conclusión de la presa Palo Redondo.

“Obviamente en un marco de transparencia pública y llevando el debido proceso tanto normativa como técnico. Actualmente estamos sujetos a una institución internacional autónoma que está viendo las noticias y el impacto social que está generando, que tiene toda la potestad de emitir su veredicto”, precisó.

Si es que finalmente el concesionario Chavimochic, integrado por las empresas Novonor, ex-Odebrecht, y Aenza, ex-Graña y Montero, deciden desistir del proceso arbitral tendrán que remitir un documento oficial al Tribunal Arbitral Internacional dando cuenta de su decisión.

“Sin embargo en las conversaciones (el concesionario) nos había indicado que el directorio, tiene un proceso para poder reunirse y tendría un plazo dentro de lo que es esta semana. Ya queda en manos de la concesionaria”, explicó.

La ministra subrayó que en ningún momento se estuvo en contra de solicitar la reconsideración del plazo para la lectura del laudo por el contrario lo que “nos preocupaba era que el Tribunal laude hoy”.

“Nos sumamos al pedido de productores de La Libertad y a todo el movimiento en defensa del proyecto. Chavimochic va. Estamos evaluando todos los escenarios y tratando de tomar todas las medidas necesarias para sacar adelante la obra”, apuntó.

La ministra reiteró que si el concesionario (conformado por Novonor, ex-Odebrecht y Aenza, ex-Graña y Montero) se desiste del proceso arbitral, se reunirán de inmediato para “trabajar la adenda”.

“Esta es la tercera suspensión. Ya son demasiadas suspensiones. En ese sentido se manifestó el Tribunal en la orden procesal del viernes. Cabe la posibilidad que el Tribunal no acepte (más suspensiones para la lectura del laudo)”, indicó.

¿Qué pasa si finalmente se emite el laudo? La ministra dijo que de darse esa situación se reunirá de inmediato con el concesionario para los siguientes pasos. Un punto vital -remarcó- es que ya sea que se continúe sea con ambas empresas concesionarias o que finalmente el contrato caduque, habrá actualización del expediente técnico dado que los costos no son los mismos que hace seis años.

Igualmente -dijo- que de terminar el contrato de concesión, se evalúa otras alternativas para el desarrollo de Chavimochic III como que su desarrollo sea bajo la figura de gobierno a gobierno, por ejemplo.

¿Qué pasa si tras la lectura del laudo la Procuraduría del Midagri apele la decisión, que podría paralizar otros 5 años más la obra? al respecto la ministra dijo que está es una decisión que no depende de su cartera ya que la Procuraduría actúa como un órgano autónomo.

No obstante, consideró que -según lo consultado a los procuradores del Midagri, al tanto de este caso- existe la probabilidad de que el Estado salga beneficiado es este proceso y se emita un laudo favorable para los intereses del Estado.