El presidente del Grupo Energía Bogotá (GEB), Ricardo Ortega, informó a Gestión que la empresa, a través de Cálidda, presentó formalmente al Estado peruano una propuesta para hacerse cargo el proyecto Siete Regiones, que busca la masificación del gas natural en Cusco, Ayacucho, Huancavelica, Apurímac, Puno, Pucallpa y Junín. Esta iniciativa requeriría una inversión de US$ 500 millones en los próximos cinco años. Para lo cual ha pedido la extensión de la concesión a 10 años que vence en 2033. ¿En qué sustenta este requerimiento?
En una entrevista exclusiva, Ortega detalló las razones detrás de esta solicitud y el estado actual de la propuesta, que ya se encuentra en manos del gobierno. Además, abordó los desafíos que enfrenta Contugas, filial de GEB, el avance del gasoducto costero y los planes de la compañía en el sector eléctrico con ISA REP.
“De los US$ 2,100 millones que desembolsaremos hasta 2030, al menos US$ 1,000 millones se invertirán en Perú, un mercado clave para nosotros. Somos una empresa de servicios públicos que no solo busca concretar proyectos, sino también generar un impacto socialmente valioso. En Perú, lo hacemos a través de nuestras filiales Electro Dunas y Cálidda, entre las principales”, destacó el presidente del GEB.
¿De qué forma se van a invertir los US$ 1,000 millones?
Los US$ 1,000 millones se asignarán de la siguiente manera: US$ 500 millones se destinarán al Consorcio Eléctrico Yapay, constituido por Dunas Energía, para implementar dos líneas de transmisión eléctrica, incluyendo el Enlace 500 kV Huánuco-Tocache-Celendín-Trujillo, con sus ampliaciones y subestaciones asociadas, y el Enlace 500 kV Celendín-Piura, también con ampliaciones y subestaciones asociadas. Los otros US$ 500 millones se invertirán en Cálidda, específicamente en el desarrollo del proyecto de masificación de gas natural en siete regiones (Cusco, Ayacucho, Huancavelica, Apurímac, Puno, Pucallpa y Junín).
¿Ya se presentó formalmente esta propuesta?
Ya presentamos una propuesta formal basada en los lineamientos del gobierno, que actualmente está siendo evaluada por un comité conformado por ProInversión, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), de Energía y Minas (Minem) y Osinergmin. Estos organismos están analizando la viabilidad técnica y económica del proyecto para asegurar que sea beneficioso tanto para el país como para Cálidda. El reto está en que, sin un acuerdo justo, podríamos enfrentar problemas en el futuro.
¿Qué tipo de problemas?
Una cláusula del contrato de concesión obliga al gobierno peruano a pagar el valor residual de los equipos y bienes de la concesión al final del acuerdo. A pesar de que aún faltan inversiones críticas en algunas zonas de Lima, la concesión vence en 2033. Esto plantea un problema: si Cálidda invierte grandes sumas, como US$ 300 millones, en los últimos años del contrato, la normativa vigente permite depreciar esos activos rápidamente, lo que podría resultar en que no se paguen impuestos en ese periodo. Esto podría generar una percepción negativa, especialmente si se informa que Cálidda buscará un pago de US$ 800 millones y no ha pagado impuestos en los últimos años.
La complejidad radica en que la vida útil de los equipos es de 30 años, pero las concesiones en Perú no se alinean con este plazo, lo que crea una paradoja. Si no se llega a un acuerdo que beneficie a ambas partes, se corre el riesgo de generar incomodidad tanto para el gobierno como para la población, ya que no se comprenderán las implicancias financieras. Aunque la intención es ofrecer un servicio que reduce más del 50% del costo de la energía para los usuarios, la recuperación de la inversión sería muy lenta debido a las bajas tasas de retorno, lo que obligaría al Estado a cubrir una compensación elevada.
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¿Ante ello están planteando elevar el plazo de concesión a 10 años?
Sí, estamos proponiendo extender el plazo de la concesión para evitar conflictos futuros. La ampliación permitiría una depreciación adecuada de los activos, lo que garantizaría la recuperación de las inversiones realizadas y beneficiaría a Perú. Si no se amplía, el valor residual pactado en la concesión actual podría resultar en una situación en la que no se paguen impuestos, algo que en América Latina es mal visto. Como exdirector de impuestos en Colombia, tengo experiencia en este tipo de situaciones.
¿Qué están esperando para que esto se concrete el desarollo de Siete Regiones?
Estamos a la espera de la decisión del Estado peruano sobre si la propuesta les resulta viable y cómo desean realizar los ajustes necesarios, siempre y cuando esos ajustes sean razonables para la compañía.
¿Hay una fecha tentativa para la respuesta estatal?
Nos han dicho que la decisión se tomará a principios del próximo año. Considero que esta es una gran oportunidad para avanzar en un tema estratégico para Perú, especialmente porque no hay muchas alternativas disponibles. La propuesta tiene mucho sentido y está diseñada para ser claramente beneficiosa. Sin embargo, podría haber oposición, ya que algunos sectores temen que la masificación del gas natural pueda sustituir al GLP, que es más costoso. Queremos asegurar que esto no perjudique a nadie. Estamos abiertos a trabajar con todos y buscar una solución en la que todos ganen.
¿Esos US$ 500 millones se invertirán principalmente en el tendido de tuberías?
Sí, la inversión se destinará principalmente a toda la infraestructura necesaria para el desarrollo del proyecto Siete Regiones. Este tipo de proyecto es costoso debido a la magnitud del trabajo requerido.
¿Cuánto tiempo tomaría la implementación del proyecto Siete Regiones de aceptarse la solicitud de Cálidda (de ampliación de plazo de concesión)?
El tiempo de ejecución es parte de la negociación. Sin embargo, el interés del gobierno es que el proyecto se complete lo más pronto posible. Si las condiciones son favorables para ambas partes, estamos dispuestos a apoyar al gobierno para acelerar el proceso.
¿Se tiene previsto más inversiones en Calidda?
Las inversiones en la sierra son complejas y costosas, aproximadamente cinco veces más caro construir la infraestructura en esa zona. Actualmente, estamos ejecutando los primeros 2 kilómetros de gasoducto a manera de piloto en las laderas de cerros en el distrito de San Juan de Lurigancho, gracias a la flexibilidad de Osinergmin en los códigos de construcción, especialmente en las lomas, donde los arenales ralentizan las obras.
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Interés en el Gasoducto costero
En abril, el GEB mostró interés en la extensión del gasoducto de Contugas y transportar el gas de Camisea desde San Juan de Marcona (Ica) hasta el sur (Arequipa, Moquegua y Tacna)...
Más que un proyecto, es una necesidad. Perú enfrentará altos precios de energía hacia 2026 si se ve forzado a utilizar toda la generación de la central térmica de Ilo basada en diésel, como ocurrió el año pasado, que resultó en un sobrecosto cercano a los US$ 2,000 millones debido a los elevados precios de generación de US$250 por MWH. Para que Perú pueda mantener precios de energía competitivos, es crucial llevar el gas al sur. Esto requiere una infraestructura que costará más de US$ 1,000 millones. Por ello, sugerimos aprovechar el gasoducto que ya está en San Juan de Marcona (de Contugas) para completar los 630 kilómetros restantes rápidamente, evitando así sobrecostos. No tenemos inconveniente en que se utilice nuestra infraestructura, pero se requiere un interés del Gobierno peruano para invertir en este tipo de proyectos.
¿Transportador de Gas del Perú (TGP) también planteó la posibilidad de desarrollarlo, según adelantó el Ministerio de Energía y Minas?
TGP ha propuesto construir uno nuevo y completo, lo cual responde a sus propios intereses. No quiero entrar en detalles, pero desde un punto de vista práctico, duplicar una inversión en infraestructura redundante no es lo más razonable. Estamos dispuestos a colaborar con TGP de la mejor manera posible para el beneficio de Perú.
Lo fundamental es aprovechar la oportunidad que tiene Perú para desarrollar la industria petroquímica. La infraestructura debe estar disponible pronto, y eso puede lograrse en San Juan de Marcona o en cualquier punto entre Melchorita (planta de procesamiento de GN) y Marcona (Ica). El desarrollo de la industria petroquímica es crucial para reducir la dependencia de la urea importada. Perú cuenta con gas competitivo y abundante, y es fundamental aprovecharlo.
¿Hay alguna decisión concreta para el desarrollo de este gasoducto?
No que yo sepa. TGP enfrenta numerosos problemas con sus accionistas debido a conflictos jurídicos con el Estado peruano, lo que complica alcanzar un acuerdo. No obstante, estamos dispuestos a colaborar con cualquier inversionista interesado en desarrollar el proyecto.
¿Estarían dispuestos a presentar una declaración de interés para desarrollar el gasoducto?
No, no lo haríamos de manera independiente, sino en asociación con un socio. Existen muchas empresas que podrían estar interesadas. Creo que para todos sería estratégico encontrar a un socio que comparta el interés por el bienestar de Perú. Estamos dispuestos a apoyar a cualquier inversionista. En en el pasado, inversionistas japoneses estaban interesados. Sin embargo, el proceso de encontrar un inversionista es complejo y requiere la colaboración de las autoridades peruanas. Nosotros nos comprometemos a apoyar de manera decidida para que el proyecto se materialice.
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Licenciada en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza con 20 años de experiencia profesional. Laboró en medios de comunicación como TV Perú y Perú21. También ejerció en gremios como la SNMPE y SNI. Desde el 2016, es parte del diario Gestión.
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