Las emisiones sostenibles por parte de las compañías en Perú vienen ganando volumen en diversos sectores.
En los últimos tres años, el monto de financiamiento bajo principios de finanzas sostenibles alcanzó los US$ 4,879 millones, según datos de Pacific Corporate Sustainability (PCS), empresa que representa cerca del 70% de las operaciones en este mercado.
En 2023, el mercado movilizó US$ 1,426 millones. Para el 2024, el monto ascendió a US$ 1,570 millones, con un crecimiento de 10%, y las proyecciones del 2025 apuntan a US$ 1,883 millones, un incremento de 20% anual, señaló Janett Burga, general manager de PCS.
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Si bien esta aceleración en la incorporación de estándares sostenibles responde -en parte- a la obtención de mejores condiciones de financiamiento, no se limita a la tasa de interés, señaló.
“Es capitalizable porque permite ingresar a nuevos mercados y obtener condiciones diferenciadas y positivas en transacciones financieras y comerciales”, explicó.
Sectores
Burga precisó que el sector financiero, especialmente el microfinanciero, lidera las emisiones sostenibles, con un fuerte énfasis en el componente social, sobre todo en el financiamiento a mipymes.
Dicho enfoque demuestra que la sostenibilidad no solo se expresa en lo ambiental, sino también en la inclusión financiera, desarrollo productivo y fortalecimiento del tejido empresarial.
(Foto: Julio Reaño@photo.gec)
En segundo lugar, destaca el sector extractivo, principalmente minería y energía, acompañado por holdings que proveen materiales a empresas de la Unión Europea, mencionó.
“No basta con tener una foto perfecta de cumplimiento sostenible en la casa matriz, las subsidiarias también deben estar alineadas a los mismos estándares”, manifestó.
Sectores como textil y agro comienzan a ganar protagonismo en un escenario de búsqueda de acceso y permanencia en el extranjero, anotó la especialista.
Taxonomía
Un hito clave en el desarrollo de este mercado será la publicación del documento de taxonomía sostenible en Perú en julio de este año, adelantó Burga.
Esto porque a mediados del 2026 vence el plazo que tiene la Comisión Multisectorial, presidida por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), para elaborar la primera versión de este informe, indicó.
“Con este instrumento se aclarará conceptos fundamentales, qué se considera un bono verde, social o sostenible, qué son los green buildings y quiénes son los públicos objetivo para acceder a financiamiento”, advirtió.
Hoy no existe aún la solidez técnica para hacer estas distinciones de manera homogénea, con la taxonomía se podría cerrar esta brecha, aseveró.
Detalló que, en Latinoamérica y El Caribe, países como Colombia, México, Panamá, Costa Rica, República Dominicana, Chile y Brasil ya cuentan con una taxonomía.
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Economista de la Universidad de Piura. Actualmente se desempeña como redactor de Finanzas en Diario Gestión.
