El Ministerio del Ambiente (Minam) eliminó de manera voluntaria una exigencia normativa que estaba impactando sobre el sector eléctrico.
Con la eliminación de esta obligación, se estima que el sector evitará sobrecostos potenciales cercanos a S/ 70 millones, principalmente por menores gastos en la adquisición de motores y en el consumo de combustible.
¿De qué se trata? La traba eliminada obligaba a las empresas de generación eléctrica a utilizar motores y combustibles que no se encuentran disponibles en el mercado peruano, disposición que venía generando importantes sobrecostos para el sector.
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Origen de la exigencia para el sector eléctrico
La medida derogada formaba parte del Decreto Supremo N.° 030-2021-MINAM, aprobado en 2021, y establecía que los motores de combustión interna nuevos utilizados para la generación eléctrica debían operar exclusivamente con diésel de muy bajo contenido de azufre (10 partes por millón).
Sin embargo, este tipo de combustible no se comercializa en el mercado peruano.
Además, la norma exigía que los equipos estuvieran certificados bajo estándares internacionales específicos, lo que implicaba un sobrecosto de hasta 20% en la inversión inicial y un incremento aproximado de 5% en los costos de operación, de acuerdo con la evaluación técnica realizada durante el procedimiento.
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Intervención de Indecopi
La eliminación de la barrera se produjo tras un procedimiento de oficio iniciado por el Indecopi, a través de la Secretaría Técnica de la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (CEB).
La eliminación de la barrera se produjo tras un procedimiento de oficio iniciado por el Indecopi. (Foto: Andina)
El análisis advirtió que la exigencia podía afectar la actividad económica de las empresas de generación eléctrica sin generar un beneficio ambiental proporcional a los costos que imponía.
Durante el procedimiento, el Minam decidió derogar la disposición cuestionada mediante un nuevo decreto supremo, el cual fue publicado en el diario oficial El Peruano.
Con esta decisión, el sector eléctrico deja de estar sujeto a una obligación técnica que no podía cumplirse en la práctica por la inexistencia del combustible requerido en el país.
El caso se suma a otros procesos en los que las entidades públicas revisan y ajustan disposiciones que generan costos adicionales para los agentes económicos, a partir de las evaluaciones realizadas en el marco de los procedimientos de eliminación de barreras burocráticas.
