Un nuevo paro nacional se realizó el día de ayer miércoles 23 de octubre. La medida de fuerza, al igual que ocurrió a finales de septiembre e inicios de este mes, carga consigo no solo reclamos desatendidos de varios sectores, sino también pérdidas económicas que afectan la productividad del país. ¿Cuál es el costo que ha traído esta manifestación pública?
En esta jornada de protesta se congregaron transportistas y comerciantes, como empresarios de emporios como Gamarra, mercados de abastos y bodegas, que paralizaron todas sus actividades para reclamarle al Ejecutivo y al Congreso de la República medidas ante el incremento de la inseguridad ciudadana en el país.
Incluso profesores acataron la protesta. El Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (Sutep) también se movilizó hacia el Congreso para manifestar su disconformidad. Por la tarde, grupos de distintas universidades se sumaron.
En este contexto, Gestión consultó a diversos gremios sobre el costo que les genera paralizar sus actividades para manifestarse con el Gobierno de Dina Boluarte. En sus diversas declaraciones a la prensa, los grupos señalaron que la inacción del Estado para protegerlos les hace imposible laborar en las condiciones actuales.
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Radiografía de las pérdidas
Ya en las protestas pasadas, este Diario dimensionó cuantitativamente el impacto por rubros que generaron las medidas de fuerza.
Por ejemplo, el Instituto Peruano de Economía (IPE) compartió con Gestión el cálculo sobre el impacto de la paralización bajo ciertos escenarios. Así, el IPE estimó que, cada día de paro, tendría un costo económico de S/ 69 millones solo en pérdidas de productividad para Lima Metropolitana.
Para obtener ese resultado se tomaron en cuenta variables como los viajes diarios que se realizan en la capital, así como el ingreso promedio en la capital, la cantidad de rutas de transporte operantes y el supuesto de horas extras pérdidas en el tráfico.
De otro lado, en el paro de ayer 23 de octubre, participaron comerciantes de diversos mercados de abastos de Lima Norte, entre ellos, el de Huamantanga, ubicado en Puente Piedra.
Representantes de este último centro de abastos indicaron a este Diario que la pérdida estimada por la paralización de sus actividades se calcula en S/ 2 millones, únicamente, en ganancias dejadas de obtener.
En detalle, esta pérdida estaría compuesta básicamente por los alimentos perecederos. Los voceros de este mercado importante de Puente Piedra precisaron que la pérdida pudo ser mayor, incluso. Sin embargo, no fue así, en este caso, porque se habían “programado”, es decir, habían solicitado bienes en menor medida previendo el paro.
Gran parte de los protestantes del último paro del miércoles fueron comerciantes. Eduardo Estrada, gerente general de la Confederación Nacional de Comerciantes (Conaco), precisó a Gestión que, si bien varios comercios del Centro de Lima no paralizaron sus actividades, sí se vieron fuertemente afectados por las implicancias de la medida de fuerza, como la restricción al tránsito.
“Me he reunido con gente de Mesa Redonda, el Mercado Central y Jirón de la Unión. La mayoría abrió, pero no hubo afluencia de público. Ahora, que estamos arrancando la campaña navideña, que representa el 40% de su caja, perdieron S/ 28 millones por la paralización (de este miércoles)”, indicó.
Por su parte, el presidente de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), Felipe James, informó a este Diario que el 95% de los trabajadores de sus agremiados del sector industrial sí acudieron a laborar el último miércoles.
“Los sectores que consideramos han sido más afectados son el transporte, porque las empresas no se movilizaron; los mercados y otros como Gamarra, aunque no en gran medida. Para nosotros, no ha sido un paro tan exitoso como se planteaba”, agregó.
Estrada recalcó que, si bien las pérdidas registradas ya complican los negocios, los comerciantes consideran que no existen garantías mínimas para operar. Por ese motivo, exigen al Gobierno respuestas concretas para enfrentar la escalada de las extorsiones y el sicariato en el país.
“Nosotros solo queremos estabilidad jurídica. Hoy no tenemos tranquilidad para invertir, por ejemplo, abrir una sucursal o mejorar el capital de trabajo. La delincuencia nos está imponiendo pagar un nuevo impuesto, un pago a la extorsión”, lamentó.
Por su parte, James, de la SNI, advirtió sobre los riesgos de que se tergiversen los reclamos legítimos de quienes protestan hoy.
“Se hablaba de un paro que reclamaba seguridad ante la extorsión. Pero consideramos que hay otras formas para presentar reclamos a las autoridades. No podemos mezclar un reclamo de la lucha ante la criminalidad con reclamos políticos. Solo crea inestabilidad y es aprovechada por grupos radicales. No vamos a hacerles el juego”, refirió.
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Se “alistan” más paralizaciones
A raíz de la falta de respuestas concretas por parte del Gobierno, son diversos los sectores que convocaron a nuevas movilizaciones de protesta ante la inseguridad ciudadana. La más próxima, a realizarse hoy jueves, es la convocada por el Sutep, que se realizaría al igual que las marchas pasadas, a nivel nacional.
Sin embargo, no es la única en el calendario. La Unión de Gremios de Transportes Multimodal de Perú, que agrupa principalmente a colectiveros y mototaxistas, convocaron a un paro nacional para el 12 de noviembre.
De acatarse, la medida de fuerza coincidiría con la Cumbre de Líderes del Foro Económico del Asia Pacífico (APEC), el evento más importante de este grupo económico. Perú, como se sabe, es anfitrión este año por tercera vez en la historia del APEC. A la cumbre asistirán presidentes y empresarios de las 20 economías miembro.
Al respecto, James, además de reiterar que no se politice la protesta, resaltó que el APEC sigue siendo una oportunidad para resaltar lo mejor del país, intención que se vería manchada porque el Gobierno no atienda las demandas de los protestantes antes del 12 de noviembre.
“Estamos en víspera de la Cumbre del APEC. Es una oportunidad grande para mostrar al Perú como un destino para atraer inversiones. Somos un país que puede convertirse en el centro logístico e industrial del Pacífico”, manifestó.
Sin embargo, para Estrada, solicitudes como la anterior no tendrían mayor efecto ante las amenazas actuales que viven los empresarios peruanos. “La ola de violencia continuará aún así renuncie la misma presidenta. Los extorsionadores no van a desaparecer. Se necesitan respuestas concretas para enfrentar la inseguridad”, comentó.
El vocero de Conaco agregó que lo más grave, de no alcanzarse acuerdos, es que se normalice que el empresario peruano deba convivir con las extorsiones para poder trabajar.
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Licenciado en Periodismo por la Pontificia Universidad Católica del Perú, donde escribió en el portal Somos Periodismo y la revista Impresión. Parte del equipo fundador del medio digital Sudaca. Especializado en áreas como inversión pública, construcción, saneamiento y economías ilegales.
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