Los peruanos apuntan a tres problemas como los principales en el país: junto con la inseguridad y la delincuencia, la corrupción sigue consolidándose, revela la 13° edición de la Encuesta Nacional de Percepciones de la Corrupción de Proética, capítulo peruano de Transparencia Internacional.
Las cifras son alarmantes, pues los encuestados no solo ven un incremento, sino también creen que la situación simplemente no mejorará en el próximo periodo gubernamental: un 88% considera que ha aumentado en los últimos cinco años y un 81% cree que se mantendrá igual o empeorará en los próximos cinco.
Con una vista más histórica, la encuesta reporta que, en solo la última década, este problema creció en más de 20 puntos porcentuales.
Raúl Andrade, Gerente de Proyectos de Apoyo Consultoría, explica que este escenario es consecuencia directa de una “alta degradación política”, que perjudica la percepción de la función del Estado, entre otros, en la provisión de servicios básicos.
“Contar con un Estado que está fallando en sus acciones más básicas, junto a un contexto donde se ha hecho evidente que la corrupción ha estado presente desde hace varios años en nuestro país, motiva que la percepción de la corrupción se dispare”, sustenta.
Impacto en la economía familiar
La encuesta de Proética también refleja que ocho de cada 10 personas encuestadas afirman que la corrupción afecta directamente su vida diaria. Al respecto, advierten que las principales consecuencias están vinculadas al deterioro de la economía familiar, la falta de oportunidades para todos, así como en el declive de la economía del país y el aumento de la pobreza.
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“Por ejemplo, la gente sabe que no puedes conseguir una cama en un hospital con facilidad sin que alguien te haga un favor, sabe que los juicios de alimentos no van a progresar a la velocidad adecuada si es que no tienes un contacto adentro o no facilitas esa gestión a través de alguna coima”, ejemplifica Andrade.
Sobre este escenario, la ciudadanía también identifica otros efectos críticos: el 42% considera que reduce su confianza en el Estado, en los políticos y en las autoridades y un 39% señala que afecta la calidad de servicios públicos esenciales, como salud y educación.
“Este panorama refleja un golpe duro a la confianza institucional que puede vincularse con un debilitamiento de la democracia y con la garantía de los derechos”, analizaron.
Precisamente, ante una gestión pública con evidentes ineficiencias, Andrade menciona que se abren espacios para otras irregularidades, como las coimas.
“Cuando un Estado es ineficaz para acercar los servicios, además se generan ventanas para que se extraigan rentas del ciudadano a través de la solicitud de coimas o para que obtengan algunos beneficios que no lograrían de otra forma debido a la ineficiencia del Estado”, comenta el vocero de Apoyo Consultoría.
En esta línea, la encuesta reporta que un 31% tuvo que dar alguna coima o conoce, personalmente, a alguien que tuvo que darla en los últimos 12 meses. Los trámites estatales y las multas de tránsito son los escenarios más comunes donde la corrupción se materializa.
Entre otros motivos también está que la policía acepte o agilice una denuncia, ser atendido o conseguir una cama en un hospital público, asegurar una vacante o matrícula en un colegio público, entre otros.
También se detalla que la razón principal, con un 45%, es la creencia de que “si uno no paga, las cosas no funcionan”, que evidencia un diagnóstico sobre la inoperancia del Estado. Esto se refuerza con la normalización del acto (“Todos lo hacen”/“Es como una costumbre”), señalado por un 28%.
“Evidentemente, la corrupción le cuesta a todos, pero no por igual. Esos pagos adicionales funcionan como un impuesto regresivo: la proporción de ingresos que las personas disponen para estos actos es bastante más alta en los quintiles más pobres que en los quintiles más ricos”, apunta Andrade.
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Instituciones y más percepciones
A nivel de instituciones, el Congreso de la República se posiciona nuevamente percibida como la más corrupta (85%).
Le siguen, con una distancia significativa:
- Ministerio Público (35%)
- Gobierno de Dina Boluarte (33%)
- Poder Judicial (33%)
- Policía Nacional del Perú (27%).
Cabe precisar que, al momento de la aplicación de la encuesta, se produjo el cambio de Gobierno al presidente José Jerí, por lo que se hizo una distinción explícita en las preguntas a los encuestados.
Aunque resulte paradójico, de estas instituciones los ciudadanos esperan mayor liderazgo en la lucha contra la corrupción.
El 45% cree que quien debe liderar esa acción es el Congreso de la República, la Policía (32%) y el Gobierno (30%).
Mientras tanto, instituciones clave para la integridad pública, como la Defensoría del Pueblo (17%) y la Contraloría General de la República (14%), reciben menor nivel de expectativa ciudadana.
Autopercepción: ¿se considera corrupto?
Un aspecto que también destaca de esta encuesta es que la autopercepción de corrupción entre los peruanos disminuyó significativamente desde 2022, reforzando una tendencia a externalizar la responsabilidad.
En un contexto donde la corrupción es el principal problema del país, un 64% considera que sus compatriotas son corruptos, pero 89% se autoevalúa como honesto. Esta brecha alimenta la idea persistente de que “el corrupto es el otro”.
“A diferencia de anteriores encuestas, los peruanos tienden a ubicar la corrupción más lejos de la cultura cotidiana de los ciudadanos y la vinculan con más contundencia ‘en los otros’, sobre todo en las instituciones públicas de Gobierno, del Congreso, de la justicia y el orden, de las cuales además se desconfía más que nunca”, comenta José Luis Gargurevich, director ejecutivo de Proética.
El Congreso de la República se posiciona nuevamente percibida como la más corrupta (85%). (Foto: Congreso)
Agrega: “Hay un llamado evidente a tratar con más urgencia y gravedad la demanda a los que toman decisiones, y que ya no se asocia solo con daños económicos, sino a la afectación directa a los derechos de las personas y la calidad de los servicios”.
Economías ilegales: el principal vínculo
Otro dato clave está relacionada con la ilegalidad. Para el 94% de los encuestados, la corrupción está directamente vinculada con las economías ilícitas (minería ilegal, tala ilegal, narcotráfico, etcétera).
“Se tratan de cadenas de valor en la que tienen que articular con distintos actores y en muchos casos con actores del Estado, en un contexto de alta ineficiencia del sector público”, refiere Andrade.
Es más, un 41% considera que estas actividades representan la única forma de empleo disponible en sus regiones.
Esta percepción evidencia la compleja relación entre la falta de oportunidades, la informalidad y la expansión de actividades ilegales que se sostienen —y, a la vez, alimentan— mediante prácticas corruptas, generando tensiones entre legalidad, desarrollo y subsistencia.
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