La Contraloría General de la República ha realizado una actualización del Índice de Corrupción e Inconducta Funcional 2022 (INCO). Esta herramienta permite visualizar, de manera objetiva y a nivel nacional, una radiografía completa de los focos de corrupción que tiene el Perú y que afecta, entre otros, a la inversión pública y su impacto en el cierre de brechas.
En total, la entidad de control analizó las acciones de las 2,815 entidades que componen el Estado. El 15% de ellas (421), tienen puntajes superiores a 50 puntos (en un rango de 0 a 100). Mientras más alto el ‘score’, explicó la Contraloría, mayores elementos de presunta corrupción existen en la institución pública.
De esta forma, el INCO nacional se ubica en 55 de 100. Si solo se observa la corrupción en entidades públicas, entre afectación al tesoro público e interés indebido y abuso de funciones, el promedio es de 60%. En el caso de la inconducta funcional, compuesta de negligencia y débil rendición de cuentas, gira en torno al 49%.
Pero la herramienta también permite conocer qué entidades concentran la mayor calificación en este ranking de la corrupción entre todos los niveles de gobierno. ¿De quiénes se trata? Acá te lo contamos.
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“Líderes”
El “top 10″, es decir con puntajes considerados “muy alto”: más de 75 puntos, está compuesto principalmente por gobiernos regionales (GORE), exactamente son siete entidades. Además, está un organismo adscrito a un ministerio, una municipalidad provincial y una universidad pública.
La entidad pública con mayor calificación en el INCO 2022 es el Gobierno Regional de Áncash con 84.1 puntos. De acuerdo a la Contraloría, hay 14 funcionarios de esta institución que figuran en el Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles (RNSSC) y 63 con presuntas responsabilidades administrativas identificadas.
Además, de los 875 proyectos a su cargo, aproximadamente el 74% está abandonado o caduco, lo que indica que no se ha destinado un sol a ellos en los últimos 2 años, según dijo el contralor, Nelson Shack. Ello representa más de S/2,238 millones de su presupuesto. El daño patrimonial estimado, de acuerdo con la entidad, supera los S/ 8,038 millones.
El segundo puesto lo tiene, con 82.2 puntos en el INCO, otro GORE: Piura. Esta entidad tiene 34 funcionarios con sanciones en el RNSSC y 59 con presuntas responsabilidades administrativas. Piura tiene 187 proyectos abandonados y caducos, lo que representa un costo total al erario público de S/ 1,083 millones.
El podio lo completa la única institución que pertenece al Gobierno Nacional entre las 10 primeras: Provias Nacional, dependencia del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), con un puntaje de 81.7 en el INCO.
Provias tiene 21 funcionarios en el RNSCC y 64 con posibles responsabilidades administrativas identificadas. Si bien sus proyectos caducos y vencidos representan menos de la mitad del total a su cargo, el costo acumulado de los mismos es abrumador: más de S/14,000 millones. El daño patrimonial estimado por Contraloría de esta dependencia asciende a S/ 10,695 millones.
El ranking lo completan los GORE de Junín, Puno y Loreto. También figuran la Municipalidad Provincial de Trujillo y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM).
En el grupo también está la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) en el puesto nueve. La comuna limeña resalta por ser una de las que más funcionarios en el RNSCC tiene con 192. De los 1,378 proyectos a su cargo, el 69% está abandonado o caduco y acumulan un costo ascendente a S/ 3,348 millones. El daño patrimonial que la Contraloría estima para la MML es de S/ 5,684 millones.
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Oportunidades de mejora
Los nuevos resultados del INCO corresponden, como indicó la Contraloría, a la revisión del 2022, es decir, evalúa un año de autoridades subnacionales salientes y el inicio de un nuevo Gobierno con Dina Boluarte a la cabeza.
Para Juan José Cárdenas, socio experto en infraestructura en Damma Legal Advisors, una futura edición del INCO no será tan distinta. “Es probable que varíen, pero los GORE siempre figurarán porque manejan más recursos públicos y están más expuestos a la corrupción”, explica a Gestión.
Álvaro Henzler, presidente de la Asociación Civil Transparencia, refirió que tener entidades de regiones que serán impactadas indudablemente por El Niño, como Piura, Tumbes y Trujillo, entre las que mayor puntaje tienen en el INCO, es una alerta a considerar.
“Hay que redoblar esfuerzos porque ahí podría haber corrupción. Las obras tendrán que ejecutarse con apuro y, por ende, los funcionarios pueden contribuir a que sus entidades suban en este ranking”, señaló.
Al respecto, Cárdenas cree que la próxima puesta en función de la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) será un “cerrojo” para evitar irregularidades. “El beneficio de tener una sola entidad o ministerio de obras públicas a cargo es que concentra el foco. Con 24 GORE no te puedes sumergir a profundidad para identificar problemas. Ya tenemos casos como Majes Siguas II que están paralizados por baja capacidad de gestión”, considera.
El experto también remarca que tampoco hay que condenar a los funcionarios públicos por equivocarse. “Pueden cometer también errores técnicos, como ocurre en el privado con malas decisiones de negocio, pero ahí los accionistas te remueven, no te abren un proceso penal. Eso sí ocurre en el Estado”, afirma.
Cárdenas le dijo a este diario que el Gobierno debe seguir alentando alternativas de ejecución de recursos públicos como Obras por Impuesto (OxI) porque reúnen mayor transparencia que el sistema de contratación de obra pública tradicional.
Datos y cifras
- S/10.7 mil millones componen el daño patrimonial al Estado generado por las entidades del gobierno nacional. Según la Contraloría que es la mayor cantidad entre los tres niveles de gobierno.
- 198 entidades tienen niveles de puntaje “alto o “muy alto” en el INCO. El 76.3% de ese total son gobiernos regionales o locales.
- Más mediciones. El contralor también señaló que antes de fin de año la entidad estará presentando el “Índice de Riesgos de Inversión (IRI)” que evalúa 194,982 proyectos viables y activos en Perú. El objetivo es identificar ineficiencias en su ejecución.
Licenciado en Periodismo por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Parte del equipo fundador del medio digital Sudaca. Experiencia en cobertura política, social y económica peruana.
