La Contraloría General de la República informó que ha detectado que el Ministerio de Cultura (Mincul) contrató el año pasado el servicio de gestión de boletos electrónicos para ingresar a los 23 espacios culturales a su cargo mediante la modalidad legal que no era la correspondiente. La plataforma que resultó de estos acuerdos fue “tuboleto.cultura.pe”, a cargo hoy de Joinnus.
Según explicó el ente de control, las contrataciones se hicieron a a través de dos órdenes de servicio, cuando lo que correspondía era ejecutar procedimientos de selección en el marco de la Ley de Contrataciones del Estado, lo que afectó la legalidad con la que deben regirse las actuaciones en la administración pública, limitando la participación de otros postores.
A mediados de febrero, el contralor Nelson Shack había adelantado que habían “indicios de irregularidades” en la contratación de Joinnus a cargo del Mincul. Ello a raíz de un proceso de control concurrente. Sin embargo, harían una revisión posterior del asunto.
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Como resultado de ello, la comisión auditora realizó y concluyó el servicio de control posterior, y evidenció que los servicios vinculados a la gestión de venta de boletos electrónicos fueron formalizados como contrataciones menores o iguales a 8 Unidades Impositivas Tributarias (UITs).
El detalle, según el ente de control, es que estos procesos se hicieron con valores estimados que solo consideraron el servicio de alquiler de plataforma tecnológica y pasarela de pagos, sin contemplar el porcentaje de la comisión (a los proveedores) por entrada vendida y transacción efectuada, pese a que ambos conceptos constituyen fondos públicos.
La Contraloría también detalló que mediante la orden de servicio para la “Implementación de plataforma tecnológica virtual para los visitantes de bienes muebles prehispánicos – PlataformaTicketing”, se desembolsaron S/ 36 millones en dos partes entre 2023 y 2024.
Sobre esta última orden de servicio, el ente de control advirtió que fue modificada mediante dos adendas. Con estos arreglos es que se acordó la inclusión posterior de los espacios culturales Kuélap y Machu Picchu en los alcances de “tuboleto.cultura.pe”.
Sin embargo, para la Contraloría no se evidenció un “hecho sobreviniente a la presentación de cotizaciones, no imputable a las partes” que sustente debidamente agregar ambos espacios culturales a la plataforma digital.
“Dichos espacios no fueron considerados inicialmente en la orden de servicio mencionada, pese a tener una gran afluencia de turistas que en conjunto superarían la concurrencia turística de los 21 espacios culturales seleccionados para el referido contrato, tal como se podía corroborar en los ingresos obtenidos por la visita a los espacios culturales del año 2022″, señalaron en un comunicado de prensa.
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El informe de control de la Contraloría también alerta de que, de los 23 espacios culturales considerados para el servicio, ocho no reunían las condiciones óptimas para implementar el servicio contratado al no contar con cobertura de internet y fluido eléctrico en la zona.
Estos son el Monumento Arqueológico Caral-Supe, Sitio Arqueológico de Ventanilla de Otuzco, Monumento Arqueológico Cumbemayo, Torre Mirador Líneas de Nazca, Museo Arqueológico Tambo Colorado, Complejo Arqueológico Huacas del Sol y La Luna – Moche, Sitio Arqueológico de Intihuatana – Pomacocha; y Museo Yacimiento Aequeológico y Museo de Sitio Wari.
Por estos hechos, según la Contraloría, su Informe de Control Específico N° 015-2024-2-5735-SCE, que comprende el período del 1 de julio de 2023 al 31 de enero de 2024, determinó la presunta responsabilidad administrativa de tres exfuncionarios del Mincul.
Estos precisó, sin revelar nombres, son la ex directora general de la Oficina General de Administración, en calidad de área usuaria, quien elaboró los términos de referencia, conjuntamente con los ex jefes de la Oficina de Abastecimiento por validar la indagación de mercado, omitiendo incluir los porcentajes de comisión por entrada vendida y transacción efectuada en el valor estimado de la contratación.
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