La Comisión Permanente del Congreso de la República votó a favor de que el proyecto de ley que propone la derogación del Decreto Legislativo (D.Leg.) N° 1602, el cual modifica la Ley del Servicio Civil (N° 30057), retorne a la Comisión de Trabajo y vaya a la Comisión de Descentralización.
El presidente de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, el congresista Pasión Dávila, argumentó que la reforma del Servicio Civil es un tema complejo que requiere un análisis profundo y no debe ser abordado de manera improvisada como -a su consideración- se habría hecho con el decreto que se buscó derogar.
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Indicó que el D.Leg. N° 1602, promulgado en diciembre de 2023, contiene disposiciones “que podrían afectar la estabilidad laboral y los derechos de los servidores públicos”.
A punto de iniciar la votación, el congresista Arturo Alegría solicitó una cuestión previa para que regrese a comisiones debido a la ausencia de una opinión de la Autoridad del Servicio Civil en el informe recibido.
Hay que mencionar que el Congreso tiene un dictamen que busca derogar la ley N° 30057, texto que aún avanza en el Parlamento. Sin embargo, lo que se discutió esta vez, es eliminar una modificación a la mencionada ley que crea Servir, pero que es clave porque en buena cuenta le da herramientas.
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¿Qué dice el D.Leg. N° 1602?
Según Servir, en su página oficial, con la publicación de este D.Leg. se “acabará con el desorden en la gestión del recurso humano en el sector público, promoviendo un régimen único que permita a los servidores civiles obtener remuneraciones justas, gratificaciones completas en julio y diciembre, Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) y sobre todo, una verdadera carrera laboral en la administración pública”.
El foco de este D.Leg. es la transición de las entidades públicas a Servicio Civil y el paso para los concursos para servidores públicos, sobre la base de la meritocracia.
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Análisis
Juan Valera, asociado senior en MOAR Abogados mencionó que “no es prudente proponer la derogatoria de un cambio en la evaluación y estabilidad laboral de los trabajadores sin contar con un sustento técnico adecuado”.
El abogado añadió que la eliminación de Servir sin una adecuada transición podría perjudicar gravemente a los trabajadores públicos. “Es atentar en contra de la función pública de calidad del Estado. La implementación de Servir aún no se ha completado en todas las entidades, por lo que es prematuro concluir que no sirve,” argumentó.
“Antes de aprobar o descartar una medida de este impacto, es esencial tener el pronunciamiento de todos los actores involucrados. No se puede derogar una norma que apenas tiene siete meses de publicada sin un proceso de consulta y análisis exhaustivo” concluyó.
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