La inseguridad ciudadana en el Perú no se frena por lo que algunas municipalidades y negocios, en su afán de encontrar una salida mientras no hay soluciones generales, han apostado en las cámaras de seguridad como una alternativa. De hecho, las importaciones de estas han crecido a niveles récord.
En este contexto, una nueva iniciativa presentada en el Congreso de la República plantea exonerar del Impuesto General a las Ventas (IGV) la compra, importación, mantenimiento y reparación de videocámaras de vigilancia destinadas a combatir la inseguridad ciudadana.
Según la propuesta, las medidas tributarias se aplicarían a las entidades públicas que tengan competencia y ejerzan funciones en materia de seguridad ciudadana.
Esta exoneración abarcaría todas las operaciones de importación y venta de videocámaras de vigilancia, así como de sus componentes, accesorios y equipos complementarios que garanticen el funcionamiento de las ya adquiridas, incluyendo aquellas destinadas a su mantenimiento o reparación.
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Impacto económico de la inseguridad
En la exposición de motivos, se advierte que la inseguridad ciudadana se ha convertido en uno de los principales riesgos para la economía peruana. De acuerdo con el Marco Macroeconómico Multianual del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), este problema genera un costo económico cercano al 1.7% del PBI.
Las cifras oficiales indican que el sector privado asume pérdidas por S/ 13m900 millones, equivalentes al 1.2% del PBI, mientras que el impacto directo en el sector público asciende a S/ 5,900 millones o 0.5% del PBI.
Actualmente, indica el texto presentado, en el país existen alrededor de 30,000 videocámaras de vigilancia integradas entre la Policía Nacional del Perú (PNP) y los gobiernos locales. Sin embargo, gran parte de estos equipos está inoperativa por falta de mantenimiento y otros problemas técnicos.
Solo en 2022 se estimaba que cerca de 2,000 cámaras estaban fuera de servicio en el país, mientras que, en el 2025, la Contraloría General de la República identificó más de 700 videocámaras inoperativas solo en Lima Metropolitana y el Callao.
En ese sentido, la exposición de motivos del proyecto iniciativa que la propuesta apoyaría los planes de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) y del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) para la adquisición de más de videocámaras.
Aunque hay cerca de 30,000 videocámaras de vigilancia a nivel nacional, advierten que gran parte de estos equipos está inoperativa. (Imagen: Andina)
