El gremio recordó que, cuando el Ejecutivo observó la propuesta en julio del 2024, se calculó que el costo a valor presente de las modificaciones propuestas asciende a S/ 14,851 millones, considerando solo a los afiliados actuales (99,566), y el monto se incrementaría conforme ingresen nuevos afiliados.
En el tiempo, el costo anual llegaría a un pico estimado de S/ 3,875 millones, y hoy el Estado ya subsidia aproximadamente S/ 4,900 millones al año para estas pensiones, equivalentes al 56% del total de subsidios estatales a pensiones, pese a representar solo el 14% de beneficiarios.
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“Medidas como esta, impulsadas con lógica populista, terminan trasladando el costo a todos los peruanos y reducen el margen para atender prioridades urgentes del país”, remarcó Comex en un comunicado.
“El país no puede normalizar decisiones que crean obligaciones permanentes sin financiamiento ni evaluación técnica, menos aún por insistencia. Por ello, solicitamos al Poder Ejecutivo que interponga de inmediato una demanda de inconstitucionalidad ante el TC, protegiendo el erario nacional y la sostenibilidad fiscal”, solicitaron.
