
La Comisión Bicameral de Presupuesto y de la Cuenta General del Congreso de la República inició el debate para la aprobación del proyecto de Ley de Presupuesto Público 2027, que asciende a S/ 266,506 millones.
Durante la sesión, los congresistas presentaron una serie de pedidos que buscan incluir en el presupuesto del Estado. Las solicitudes incluyeron proyectos de inversión y medidas de financiamiento para sectores como salud, educación, saneamiento e infraestructura, así como demandas laborales.
¿Qué piden para los trabajadores CAS?
Uno de los principales pedidos, mencionado por más de un legislador, fue la aplicación de las leyes que disponen el paso progresivo del personal Contrato Administrativo de Servicios (CAS) al régimen del Decreto Legislativo N° 728 en entidades como la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), la Autoridad Nacional del Agua (ANA), la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp), Migraciones, el Poder Judicial y el Ministerio Público.
“Es importante que se dé el tratamiento especial a este régimen. No vamos a afectar el presupuesto central. Se está reglamentando con cargo al presupuesto de recursos propios de cada institución, de tal manera que sea atendible para no perjudicar los derechos ya adquiridos por estos sectores [...]”, indicó el senador Jorge Velásquez, de Fuerza Popular.
Una propuesta similar fue mencionada por el diputado Diego Bazán, de Renovación Popular, que pidió visibilizar la incorporación al régimen 728 de los trabajadores CAS de la ANA y la Sunarp. Incluso solicitó establecer una disposición para autorizar una nueva escala remunerativa para los funcionarios de esta última institución.
A su vez, el senador Wilfredo Verano, de Juntos por el Perú, solicitó incorporar una disposición que exonere al Poder Judicial de las restricciones presupuestarias, con el fin de viabilizar la incorporación de personal contratado bajo el régimen CAS a plazo indeterminado.
En tanto, la diputada Verónica Yonz, de Renovación Popular, pidió actualizar las escalas salariales del Servicio de Administración Tributaria (SAT), las cuales llevarían 26 años sin cambios. Esto, indicó, ya se se aplicó para Sunarp, Indecopi y Sunafil “con un cargo a sus presupuestos institucionales, sin demandar recursos adicionales del tesoro público”.
Por otro lado, otros parlamentarios solicitaron regularizar el nombramiento del personal asistencial de salud exCAS Covid y ajustar la bonificación por puesto de salud pública.
Pedidos de inversión en regiones
Entre el extenso paquete de pedidos de los congresistas, varios estuvieron enfocados en cerrar brechas de infraestructura y reiniciar obras paralizadas.
En saneamiento e irrigación, se pidió la asignación de recursos para proyectos de agua potable, alcantarillado, canales de riego y defensas ribereñas en regiones como Lambayeque, Cajamarca, San Martín, Cusco, Apurímac, Puno, Arequipa, Huancavelica, Piura y Áncash, así como obras para enfrentar las eventuales sequías que provocaría el fenómeno de El Niño en el sur del país.
En cuanto a transportes se mencionó la necesidad de intervenir en vías como la carretera Federico Basadre en el tramo Tingo María-Pucallpa y la Carretera Central.
Mientras que en salud, se solicitaron partidas presupuestarias para la construcción y equipamiento del Hospital Santa Rosa de Puerto Maldonado en Madre de Dios, el Hospital Leoncio Prado de Huamachuco en La Libertad, el Hospital de Alta Complejidad en San Juan de Lurigancho, y los hospitales Goyeneche y Honorio Delgado en Arequipa.
Ante la cantidad de solicitudes de inversión, el titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Elmer Cuba, resaltó la necesidad de mantener la disciplina fiscal del país.
“El límite es la regla fiscal y el presupuesto público. A muchos nos gustaría poner todos los proyectos que han mencionado, pero eso es imposible porque poner uno significa retirar otro. Los recursos siempre escasos”, sostuvo.
El ministro afirmó que en la medida en que la economía y la recaudación crezcan se podrán abrir nuevos espacios para incorporar las propuestas, pero recordó que actualmente su “deber es mantener el equilibrio fiscal”.
Denuncia por corrupción
No todo fueron pedidos de mayor presupuesto, la senadora Katherine Ampuero, de Renovación Popular, denunció un caso de corrupción en el Hospital Santiago Apóstol de Bagua en Amazonas.
Según indicó, el gobierno regional desembolsó más del 96% del presupuesto a la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) y a la constructora Railway, pese a que la obra se encuentra abandonada con un avance mínimo.
“Le pretenden dar en esta ley de presupuesto autorización a un gobernador regional para que transfiera más dinero a la UNOPS […] El nivel de ejecución de la obra llega al 1.49% de acuerdo con la Contraloría […] Solicito el retiro de esta autorización al gobernador regional de Amazonas, porque mantenerlo en la ley de presupuesto es mantener un financiamiento a la corrupción”, dijo.
Debido a esta situación, el ministro se pronunció brevemente indicando que el MEF procederá a retirar la autorización de financiamiento del Gobierno Regional de Amazonas que se encontraban en artículo 13 de la ley de presupuesto.
UNOPS explica pausa de obras
Ante los cuestionamientos, el director de UNOPS en los países andinos, Nicholas Gardner, aseguró que el proyecto del Hospital Santiago Apóstol de Bagua, en Amazonas, no se encuentra abandonado sino que ha tenido que pausar con un avance físico de cerca de 1.45% debido a problemas técnicos.
“La obra no está abandonada, está paralizada. Están vigentes los contratos y seguimos trabajando con el GORE de Amazonas, con los contratistas, el contratista de supervisión y con el equipo de UNOPS para solucionar algunos temas técnicos que tenemos en la obra”, señaló a Gestión.
El representante de UNOPS explicó que las condiciones del suelo encontradas en el terreno fueron distintas a las previstas en los estudios iniciales, por lo que se realizaron evaluaciones complementarias para determinar si era necesario modificar o ajustar el diseño de las cimentaciones.
Respecto a las transferencias de recursos del Gobierno Regional de Amazonas, Gardner sostuvo que estas no deben confundirse con los pagos realizados a las empresas contratistas.
“Había una transferencia de fondos desde el GORE hasta UNOPS, que están en una cuenta del proyecto protegido con todas las reglas de administración, control de auditoría del convenio y los pagos a las contratistas. Como solo hay un avance de menos de un 1.5% (de avance físico de la obra) por los problemas técnicos, solo hemos pagado al contratista lo mismo, el 1.5% del costo”, sostuvo.
Adicionalmente, indicó, también se dio la entrega de anticipos a las empresas contratistas, los cuales serían del 10% del presupuesto y estarían respaldados por garantías bancarias.
Por el momento, entre los trabajos que ya se realizaron como parte del proyecto están el acondicionamiento del terreno, la instalación de oficinas para los equipos técnicos y el inicio del movimiento de tierras.
Gardner añadió que hace una semana se retomaron algunas actividades de movimiento de tierras, mientras continúan las conversaciones entre el GORE, los contratistas y el equipo de UNOPS para definir las soluciones técnicas que permitan recuperar el ritmo normal de ejecución.
Por ello, agregó, aún no se tiene una fecha de culminación de la obra pues se viene evaluando un nuevo cronograma que dependerá de los ajustes técnicos que se acuerden.






