Hace unos días la Comisión Permanente del Congreso aprobó en primera votación, extender de 70 a 75 años la edad máxima para el cese de un trabajador, o también denominada jubilación obligatoria, tanto en el sector público como privado.
Al respecto, la Cámara de Comercio de Lima (CCL), una de las instituciones empresariales más representativas de Perú, ha manifestado su firme oposición al Proyecto de Ley 1505/2021-CR.
Esta propuesta, pendiente de una segunda votación, ha generado preocupaciones en el gremio empresarial por sus posibles efectos en la competitividad y el dinamismo del mercado laboral peruano.
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Carlos Posada, director institucional de la CCL, ha subrayado que este cambio normativo podría conllevar un aumento en los costos laborales y limitar la rotación del personal en las empresas, aspectos críticos para la sostenibilidad y productividad empresarial.
Además, Posada señala que la medida podría restringir las oportunidades de más de 340,000 jóvenes que se incorporan anualmente a la Población Económicamente Activa (PEA) de Perú, limitando su acceso al mercado laboral.
El proyecto de ley propone que los trabajadores mayores de 70 años puedan mantenerse en sus puestos hasta los 75 años, siempre que demuestren la necesidad de su servicio y cuenten con una evaluación médica favorable.
Esta disposición, según la CCL, podría afectar la libertad de contratación de los empleadores y restringir las oportunidades de crecimiento profesional para los trabajadores actuales.
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La CCL ha advertido también sobre el impacto potencial de esta normativa en la innovación y adopción de nuevas tecnologías en el ámbito empresarial, áreas en las que los trabajadores jóvenes suelen tener una contribución significativa.
Según la Cámara, esta innovación es fundamental para mantener la competitividad de las empresas y generar nuevas oportunidades laborales.
Finalmente, la CCL hace un llamado al Congreso para que realice un análisis exhaustivo de las consecuencias de este proyecto de ley, buscando un equilibrio entre el respeto a los derechos de los trabajadores mayores y las necesidades de los jóvenes, así como la innovación y productividad que son esenciales para el desarrollo económico del país.
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