Perú ya cumple con el mandato de destinar al menos 6% del Producto Bruto Interno (PBI) a salud y educación, pero ese logro no se ha traducido en mejoras proporcionales en los indicadores sociales.
Así lo revela el estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) “¿Cómo se presupuesta en salud y educación en la Región Andina?”, presentado en el XXXVI Seminario Anual de Investigación del CIES 2025 por Jordi Prat, economista principal regional del organismo.
La conclusión central: el problema no es solo cuánto se gasta, sino cuán bien se asignan y ejecutan esos recursos.
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Eficiencia y no solo monto de gasto
El informe señala que el aumento sostenido del gasto público en salud y educación en las últimas dos décadas no ha venido acompañado de mejoras equivalentes en cobertura y calidad de los servicios. La limitación, enfatiza el BID, está en la eficiencia del sistema presupuestario: la forma en que se decide, distribuye y usa cada sol.
En el caso peruano, el Presupuesto por Resultados (PpR) aparece como una herramienta clave para vincular recursos con metas concretas.
Sin embargo, el estudio advierte que enfrenta “serios obstáculos”: la cobertura de evaluaciones es baja y, más grave aún, los resultados de esas evaluaciones casi no se utilizan al momento de tomar decisiones presupuestarias en los años siguientes.
Esta desconexión impide que el gasto se vaya corrigiendo y haciendo más eficiente con el tiempo.
La limitación, enfatiza el BID, está en la eficiencia del sistema presupuestario: la forma en que se decide, distribuye y usa cada sol. Foto: GEC.
Rigidez presupuestaria y masa salarial
El BID identifica, además, una fuerte rigidez en la estructura del gasto público, especialmente en la masa salarial de los sectores de salud y educación.
Buena parte del presupuesto está comprometida de antemano en sueldos y obligaciones permanentes, lo que reduce de manera sustantiva la capacidad del Estado para reorientar recursos hacia nuevas prioridades, innovaciones o intervenciones de mayor impacto social.
En la práctica, esto se traduce en presupuestos predominantemente incrementales, donde el punto de partida es el gasto histórico y las modificaciones son marginales. El énfasis está más en mantener la inercia que en alinear los recursos con objetivos estratégicos de mediano plazo. Un problema sistémico en la Región Andina
Buena parte del presupuesto está comprometida de antemano en sueldos y obligaciones permanentes. (Foto: El Comercio)
El estudio del BID no se limita al caso peruano. También analiza a Colombia, Ecuador y Bolivia, y concluye que los desafíos de eficiencia del gasto son sistémicos en la Región Andina.
En todos estos países se observa una alta rigidez del gasto, un peso elevado de la nómina y una débil articulación entre los planes sectoriales de largo plazo y el presupuesto anual.
Los mecanismos de descentralización constituyen otro reto común. Si bien Perú cuenta con un sistema relativamente robusto de transferencia de competencias a los gobiernos regionales, la gran pregunta es si esos esquemas –en Perú y en sus vecinos andinos– se traducen efectivamente en mejores resultados territoriales en salud y educación, reduciendo las brechas geográficas y fortaleciendo la capacidad de gestión subnacional.
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Brechas territoriales y gasto de bolsillo
Las inequidades geográficas en la asignación de recursos humanos y financieros aparecen como uno de los principales cuellos de botella para la eficiencia sectorial.
El informe describe casos de provincias remotas en Ecuador con altas tasas de médicos y dentistas frente a grandes ciudades con menos profesionales por habitante, así como diferencias marcadas en la relación estudiante–profesor entre costa y sierra, explicadas más por inercias históricas que por criterios de necesidad o eficiencia pedagógica.
En Bolivia, el gasto por persona en departamentos como La Paz supera al de Santa Cruz, pese a que este último tiene una mayor población, lo que también revela inconsistencias en la lógica de distribución.
En Perú, el estudio destaca un hallazgo especialmente preocupante: en los departamentos que reciben más recursos públicos, el gasto de bolsillo de las familias también es mayor. Es decir, a pesar del mayor desembolso estatal –sobre todo en salud–, los hogares siguen recurriendo a su propio dinero para cubrir servicios esenciales. El reto político-institucional
Para el BID, mejorar los resultados en salud y educación no depende únicamente de alcanzar o superar el umbral del 6% del PBI.
El desafío es transformar los procesos institucionales y políticos que definen cómo se negocian, asignan y ejecutan los recursos públicos: reducir la rigidez del gasto, fortalecer la cultura de evaluación y uso de evidencia, corregir las inequidades territoriales y alinear el presupuesto con los planes estratégicos de largo plazo.
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