El control concurrente, que realiza la Contraloría General de la República (CGR) en Perú, se puede definir como una modalidad de control simultáneo que acompaña diversas fases de una intervención pública; el objetivo es advertir riesgos que impidan la culminación de esas intervenciones. Si bien ha sido aplaudida por algunos, pero también cuestionada por otros, lo concreto es que hoy se abre la puerta para que pueda expandirse aún más.
Un proyecto de ley del Congreso de la República busca hacer cambios a la Ley N° 31358, que establece medidas para la expansión del control concurrente.
Una de las modificaciones más relevantes es que esta modalidad ya no se centraría solo en la fase de ejecución de las inversiones sino también a las fases de formulación y evaluación, y puesta en funcionamiento.
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“Esta necesidad surge debido a que de la evaluación realizada al Sistema Nacional de Obras Públicas - Infobras, Sistema Informático de la CGR, se ha determinado que de 894 inversiones paralizadas que se encuentran en el marco del control concurrente, el 73.9% se encuentran paralizadas, las que están relacionadas directa o indirectamente con la fase de formulación y evaluación de la inversión (...)”, argumenta la iniciativa legislativa en su exposición de motivos.
Otro tema clave es que en la ley actual se puede aplicar el control concurrente a obras públicas, inversiones mediante los mecanismos de Obras por Impuestos (OxI), Asociaciones Público Privada (APP) u otros mecanismos de inversión a cargo de los tres niveles de gobierno, entidades de tratamiento empresarial, empresas públicas, entre otros. La regla es que superen los S/ 5 millones.
El cambio que ahora se quiere incorporar es que se pueda extender el control concurrente a los acuerdos de Gobierno a Gobierno (G2G).
“Creo que el cambio es erróneo y va a ser perjudicial para las inversiones (...) El control concurrente lo que hace es ‘intervenir’ en el proceso de decisión. Cuando estás en ese proceso, es imposible que no termines sesgándote a lo que diga el auditor de la Contraloría si eres un formulador o un ejecutor de proyecto, porque sabes que la “invitación” o la “insinuación” a que algo debe ser de una manera podría ser una denuncia más adelante si no se hace caso”, mencionó Camilo Carillo, Infrastructure, Strategy & Transactions Associate Partner de EY Perú.
En otro momento, cuestionó que se haga “obligatorio” para los acuerdos G2G la figura del control concurrente. Si bien, en varios se ha aplicado, ha sido más un pedido que un mandato.
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Financiamiento para el control concurrente
Estos ajustes implican un reto presupuestal que obliga al proyecto a cambiar otro artículo de la Ley N° 31358. Para la aplicación del proceso integral de control concurrente, se plantea en el proyecto de ley, que se destine para su financiamiento “el 2% del valor total de las inversiones”. ¿Cómo se dividiría este porcentaje?
El 1% sería para la CGR, el 0.3% para el Poder Judicial, el 0.5% para el Ministerio Público y el 0.2% para la Procuraduría General del Estado.
Actualmente, la ley establece que para la aplicación del mecanismo de control gubernamental en las inversiones “se destina para su financiamiento hasta 0.6% de su valor total (...), excluyendo la fase de formulación y evaluación, incorporando dentro de su estructura de costos, como costos indirectos u otros costos, un rubro denominado ‘control concurrente’ (...)”.
Hay que recordar que esta parte de la ley ya ha sufrido modificaciones importantes el año pasado. Si bien inicialmente se hablaba de hasta el 2%, en julio del 2024 se estableció que este porcentaje sea de hasta 0.5% y el mes pasado se elevó -ligeramente- a 0.6% (en cada caso, se establecen parámentros específicos).
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Editora de Economía y coordinadora de ESG del diario Gestión. Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Con casi 10 años de experiencia profesional en el rubro.
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