Tras el reciente nombramiento de la empresa Alva Legal Asesoría Empresarial S.A.C. como nueva entidad liquidadora de Doe Run Perú (DRP), acreedores laborales plantearon la necesidad de que la nueva administración disponga, como primera medida, la realización de una auditoría externa e independiente que revise la gestión desarrollada en los últimos años.
“Después de tantos años, una auditoría independiente ayudaría a esclarecer decisiones, ordenar la información y garantizar que lo que resta del proceso avance con la máxima transparencia”, indicó Edgar Beltrán, secretario de Economía de la Asociación de Acreedores Laborales Jubilados de Doe Run Perú.
Este legítimo pedido de los acreedores laborales tiene como sustento la sanción impuesta por Indecopi contra el anterior liquidador y su apoderado, por gastos realizados sin los debidos sustentos.
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Un proceso largo Y MULTIPLES LIQUIDADORES
Como se recuerda, Doe Run Perú, empresa minero–metalúrgica que operó el Complejo Metalúrgico de La Oroya y la mina Cobriza, ingresó en insolvencia en 2009 y desde 2010 permanece bajo un proceso concursal que ha atravesado diversas etapas, múltiples liquidadores y decisiones administrativas de alto impacto.
Durante este periodo, se ejecutaron operaciones relacionadas con los activos mineros y ambientales, daciones en pago, remates y transferencias vinculadas al Plan de Cierre de Minas, lo que ha generado cuestionamientos entre diferentes grupos de acreedores.
Ante este escenario, los representantes de un sector de acreedores laborales, agrupados en la Asociación de Acreedores Laborales Jubilados de Doe Run Perú, consideran que una auditoría independiente permitiría ordenar la información, verificar la documentación de decisiones pasadas y establecer un punto de partida claro y verificable para la nueva administración del proceso, aprovechando la Comisión de Procedimientos Concursales del Indecopi decidió recientemente el ingreso de Alva Legal Asesoría Empresarial como entidad liquidadora.
“Una verificación independiente permitiría asegurar que las decisiones futuras se basen en información completa y debidamente contrastada”, añadió Beltrán.
Acreedores sostienen que nueva liquidadora debe iniciar su gestión con información completa, contrastada y revisada por terceros independientes. (Foto: GEC)
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En ese sentido, señaló que, dada la antigüedad y complejidad del procedimiento, así como la relevancia patrimonial de los activos involucrados, una auditoría podría evaluar la razonabilidad de determinadas operaciones realizadas en etapas previas, entre ellas daciones en pago, transferencias de bienes, uso de fondos y la administración del fideicomiso ambiental.
