12 prioridades legislativas del Ejecutivo en el 2023

Entre los temas se encuentran algunos que habían quedado en cartera hace años, como la creación de “obras por aportes” en favor de EsSalud, la implementación de la conciliación administrativa en materia laboral, la regulación del e-commerce y la reforma del régimen de contratación pública (ver gráfico).

Obras por aportes

Uno de los puntos más importantes en la agenda del Ejecutivo es la introducción de las “Obras por Aportes” como método de pago de la deuda ante EsSalud. Esta propuesta ya se había presentado en el 2019, pero no llegó a ser aprobada.

Mercedes Aráoz, especialista en políticas públicas, indicó a Gestión que cuando este proyecto se trabajó primero se había planteado que fuese similar a las obras por impuestos que opera en favor de la Sunat.

“Lo que se planteó en su momento es que, primordialmente, las obras se enfoquen en la atención primaria, para mejorar la atención rápida al usuario”, recalca Aráoz, quien agrega que se había planteado la construcción de postas médicas, que tienen modelos más simples y fáciles de hacer en masa de manera rápida.

Aráoz, además, indicó que en ese momento se conversó la posibilidad de hacer que los diversos gobiernos locales que mantienen deudas grandes con EsSalud pudiesen sincerarlas, pagar el principal de estas y dejar de lado el pago de los intereses y moras, lo que también ayudaría a descargar las grandes deudas que manejan las municipalidades, heredadas de gestiones pasadas y que no les dejan trabajar. Cabe indicar que este último punto también se encuentra en la lista de prioridades para el 2023, por parte del Ministerio de Economía y Finanzas.

Conciliación laboral

Por otro lado, el Ministerio de Trabajo indicó que se emitirá el reglamento del Decreto Legislativo 1499 para habilitar el uso de la conciliación administrativa de conflictos laborales.

La “conciliación laboral” sería un paso previo al inicio de las actuaciones inspectivas de investigación por parte de la Sunafil cuando existan denuncias por parte de los trabajadores de una empresa y busca que el empleador y los trabajadores lleguen a un acuerdo conciliatorio, evitando el inicio de un procedimiento sancionador en contra del empleador.

Según explica Jorge Toyama, socio del estudio Vinatea & Toyama, la entrada en vigencia de esta alternativa sería beneficial ya que se evita la imposición de multas y de mayores conflictos frente a la administración.

“La emisión del reglamento que permita el uso de la conciliación es urgente. Su uso hará que las partes tengan más protagonismo en los procedimientos laborales y, además, será un buen colador para que haya menos multas y conflictos, por sobre todo”, explica el abogado.

LEA TAMBIÉN: Inversión pública de regiones y municipios se contrajo 48% en enero

Cambio en multas

El MTPE asimismo indica que busca modificar las multas laborales para que sean disuasivas y que cumplan con el principio de razonabilidad. Toyama señala que se trata de un cambio positivo si se hace correctamente.

“De un lado, hay multas que no son nada razonables. Por ejemplo, ante accidentes laborales, la fórmula de la multa considera a personal de otras sedes de la empresa. Si el accidente fue en una fábrica, la multa se calcula contando el total de trabajadores del centro de trabajo donde ocurrió el accidente más el personal de otras sedes y oficinas donde no puede haber accidentes. En cambio, las multas por no cumplir la cuota de discapacidad son tan bajas que no crean ningún tipo de presión de cumplimiento”, recalca el abogado.

Reforma de contrataciones con el Estado

Por otro lado, el MEF indica que se estará modificando el régimen de contrataciones del Estado en el segundo tercio del año.

Al respecto, a finales del 2022 se prepublicó el proyecto de una nueva Ley de Contrataciones con el Estado, que actualmente se encuentra abierta a comentarios y que sería utilizada para esta reforma.

Entre los cambios propuestos por este proyecto se establece la priorización de la aplicación de multas por sobre la imposición de sanciones de inhabilitación para contratar con el Estado, según explica Angelita Ruiz, asociada senior del estudio PPU.

Adicionalmente, se prevé que el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) ya no cuente con la facultad de emitir opiniones frente a las consultas relativas a la interpretación de la normativa de Contrataciones del Estado y que el Tribunal del Contrataciones ya no pueda emitir acuerdos que califiquen como precedentes de observancia. Ello, indica Ruiz, es peligroso ya que podría dejar atrás mucho de lo avanzado hasta ahora en temas de contratación con el Estado.

“Si bien existen cambios positivos que mejoran la situación de los proveedores tanto a nivel de su calidad como postores como en la ejecución contractual, también existen cambios que podrían afectar los aspectos en los que ya se había avanzado a lo largo de los años”, señala Ruiz.

LEA TAMBIÉN: Comisión de Constitución aprueba incorporar nuevos delitos para acusar a un presidente en su mandato

Modificación al sistema previsional peruano de pensiones

Adicionalmente, el MEF señala que busca realizar cambios en el Sistema Previsional Peruano (conformado por el Sistema Nacional de Pensiones (SNP) y el Sistema Privado de Pensiones (SPP)).

Según la Agenda Temprana de la entidad, “se requiere realizar mejoras en el sistema previsional, considerando para ello la sostenibilidad financiera en el largo plazo, que depende de la edad, aspectos demográficos, tasas de aporte y beneficios”.

Para lograr este cometido, en julio del año pasado el Ejecutivo instauró una Comisión Multisectorial con la finalidad de evaluar el sistema previsional peruano y elaborar una propuesta normativa para crear el nuevo sistema de pensiones. Pese a que originalmente se suponía que esta Comisión culminara sus labores en 6 meses, se amplió su vigencia hasta mayo del 2023.

En ese sentido, el MEF espera tener una propuesta normativa para julio de este año, según su cronograma.