El cruento avance de la ola criminal en el país causa cada vez más estragos en varios estratos de la población y en actividades económicas sensibles a este problema, como el sistema financiero, ¿qué impacto tiene?
La violencia originada por esta lacra se encrespó en los últimos meses y en particular en el inicio de año, cuando ataques con armas de fuego y hasta con dinamita a transportistas, restaurantes y otros negocios dejaron luctuosas secuelas que tienen en vilo a la ciudadanía.
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Estos hechos se traducen en cifras agregadas, como las de Sinadef, que reporta 2,226 homicidios en el 2025, la mayor en ocho años. Además, desde el inicio del actual Gobierno se cometieron 475 crímenes, con una media diaria de 5.61, la más alta desde el 2017.
Las instituciones financieras sienten el repunte delictivo quizás más cercanamente que otros sectores, pues parte importante de sus usuarios o sus negocios sufren el agobio de la extorsión, sicariato y la delincuencia común, amenaza que desequilibra sus vidas y la actividad económica que desarrollan.
Además, la capacidad de pago de las victimas del crimen organizado se debilita pues deben afrontar costos que antes no tenían y generan menos ingresos ante las restricciones con la que operan sus negocios, en medio de la inseguridad.
Morosidad
“La criminalidad no solo afecta la seguridad ciudadana, también golpea la economía familiar y empresarial”, señala Scotiabank, que, según un estudio basado en datos internos y públicos, detalló que en zonas con alta incidencia delictiva, la morosidad crece hasta 30%.
La investigación –concluida en diciembre último con datos del año pasado–, que cruza indicadores de criminalidad con desempeño crediticio, evidencia una relación directa entre ambos factores: en promedio, la correlación entre inseguridad y morosidad alcanza el 56% y sube hasta 60% “en los segmentos masivos, donde los hogares y pequeños negocios son más vulnerables a shocks económicos”.
Así, el exceso de morosidad asociado a contextos de alta criminalidad representaría cerca de S/ 5,500 millones en créditos impagos, de los que el 87% corresponde a préstamos revolventes –como tarjetas de crédito– y el 13% a no revolventes, de acuerdo con los estimados del banco. La cartera atrasada de bancos y cajas, a noviembre último, llegaba a S/ 14,163 millones, lo que revela el impacto del desborde delictivo en los incumplimientos de pago en el sistema financiero.
“En estos territorios, la inseguridad genera costos adicionales que deterioran la capacidad de pago: mayor gasto en seguridad privada, contratación de seguros, menor flujo de clientes y reducción de ingresos. Como resultado, la morosidad puede incrementarse entre 1.1 y 1.3 veces, encareciendo el costo del crédito”, resumió la entidad financiera.
Las mypes son las empresas más vulnerables al aumento de la delincuencia. (Fuente: Andina)
Créditos
En zonas críticas la colocación de créditos se contrae entre 30% y 40%, lo que limita la inclusión financiera y frena el desarrollo económico local, advirtió.
“La inseguridad es un desafío social que también plantea retos para la inclusión financiera. Nuestro análisis busca entender estos impactos para impulsar soluciones que protejan la capacidad de pago y amplíen el acceso al crédito”, afirmó.
Scotiabank sostiene que la combinación de informalidad, desempleo, costos adicionales y menor inversión ocasiona un círculo vicioso: más inseguridad, menos acceso a crédito, menor inversión, más vulnerabilidad.
Clientes
Walter Rojas, gerente central de negocios de Caja Cusco, consideró que una primera incidencia del aumento en la criminalidad es que el cliente, al contar con un flujo de ingresos y la capacidad de ser sujeto de crédito, posterga decisiones de inversión por incertidumbre o “miedo” a que le extorsionen.
“Si (el microempresario) compra un carro más, o un bus, o una maquinaria, o abre una sucursal (de su negocio), se hace más visible”, explicó al mencionar la reducción del crédito ante la inseguridad.
Hay clientes que cubren no solo uno, sino dos cupos, agregó.
En tal sentido, refirió que en la evaluación de riesgo de las microfinancieras se ha incorporado, así como el rubro gastos operativos, el de gastos de seguridad, que incluye el pago por extorsiones.
Walter Leyva, gerente central de negocios de Caja Ica, señaló que el aumento de la delincuencia causa en las mypes “un gasto adicional como si fuera un alquiler”. “Se les castiga (a los clientes) en su capacidad (de pago) por el riesgo de este tipo de extorsiones. Eso resta capacidad de pago a los negocios”, expresó.
La extorsión es ya un gasto más para los pequeños negocios. (Fuente: Andina)
Cupos
Según Rojas, otra implicancia es que clientes que han aceptado créditos extorsivos ya no pueden cancelar préstamos con alguna entidad formal, microfinanciera o banco, pues su potencial de generar caja disminuye.
“El excedente, en vez de ir para cubrir cuotas, es una salida de dinero que va a pagar cupos”, expuso sobre el efecto del crimen en la morosidad.
Además, algunos microempresarios, por su seguridad, cierran su negocio o se trasladan a otros lugares, y cambian no solo de localización sino de giro, precisó.
“Incluso algunos clientes caen en mora porque no lo tenían mapeado (la posibilidad de ser víctima de la extorsión) y los obligan a hacer ese tipo de transacciones”, comentó. “No solo es cuidar su persona, sino también su familia y entorno”, complementó.
Rojas consideró que se requiere de políticas públicas más contundentes para combatir la criminalidad, pero como los actuales gobiernos (nacional y locales) “están de salida”, no se espera que las introduzcan. Por ello, las expectativas están cifradas en las próximas autoridades electas, dijo.
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Delincuencia migra a negocios más pequeños
Las zonas del país donde más se observa el aumento de las extorsiones son, en primer lugar, el norte, en ciudades como Sullana, Piura, Chiclayo y Trujillo, según Walter Rojas, de Caja Cusco. Asimismo, en Lima la incidencia es mayor en el cono norte, en distritos como Comas, San Martín, Los Olivos y Puente Piedra, precisó el ejecutivo.
“La (delincuencia) ha ido migrando de negocios más grandes en zonas más urbanas a negocios cada vez más pequeños en zonas más rurales. Eso nos preocupa porque se está masificando, y eso es un riesgo para cualquier tipo de oportunidad de crédito para estas familias (que podrían acceder a un financiamiento para ampliar sus negocios)”, afirmó Walter Leyva, de Caja Ica.
“Lo que sí es una posición de todos los gremios (del sector bancario y microfinanciero) es que ninguna entidad del sistema financiero va a retroceder o parar en la entrega de préstamos. Hacerlo sería darle la razón (a los delincuentes) y no respaldar a nuestros clientes a tomar un crédito”, manifestó.
“Este hallazgo (estudio) subraya la necesidad de políticas prudenciales y soluciones diferenciadas por territorio para mitigar riesgos y preservar la inclusión financiera”, aseveró Scotiabank.
Ramiro Arana, gerente central de negocios de Caja Huancayo, aseguró que ya han localizado zonas donde, por el alto índice criminalidad, se han venido retirando.
“Hemos identificado, por ejemplo, Los Olivos, San Juan de Lurigancho, Carabayllo, Puente Piedra, Comas”, comentó.
Economista periodista. Estudió economía en Pontificia Universidad Católica del Perú. Editor de Finanzas por 10 años.
Economista con trayectoria en periodismo y medios digitales.
