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Se aprobó recientemente una nueva normativa de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV). Así, estas empresas deberán, en general, cumplir con una debida diligencia para informar de sus operaciones, con el fin de prevenir el delito de lavado de activos.
Esta regulación, que ya entró en vigor, será de obligatoria adecuación para todos los negocios domiciliados en Perú. Sin embargo, existen algunas plataformas como Binance o Coinbase que, aunque tienen clientes peruanos, se encuentran domiciliadas en otros territorios. Por lo tanto, no están sujetas al nuevo marco normativo.
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¿Qué acciones podrían entonces tomar estas empresas? ¿Podrían domiciliarse en Perú o tal vez buscarían evitar una mayor carga regulatoria? Para Álvaro Castro, socio de Damma Asesores Jurídicos, ocurriría lo primero.
“Lo que debería pasar es que, si el factor regulatorio es lo suficientemente razonable, las empresas de afuera deberían de querer venir a Perú porque ahora está más claro qué es lo que tienen que hacer para poder operar sin ningún problema”, argumentó el experto. “Yo ahí creo que es una gran oportunidad para atraer empresas de afuera”, añadió.
Según Castro, si no han venido exchanges (plataformas de intercambio de criptodivisas) extranjeras a domiciliarse en nuestro país, es porque no existía claridad en el marco jurídico.
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“Una empresa extranjera no la tiene tan fácil para operar en el Perú. Cada vez que alguien compra una criptomoneda, por ejemplo, se tiene que hacer una transferencia internacional. La otra alternativa es que la exchange constituya una empresa en el país (Perú) para hacer la recaudación del dinero de los clientes peruanos. No es tan fácil hacer eso”, apuntó.
De acuerdo con Damma Asesores Jurídicos, las plataformas de criptomonedas más importantes que sí estarán bajo el nuevo marco legal de la UIF son: Buda, BuenBit, LetsBit, Fluyez, AgenteBTC, Nemo Latam, Lemon Cash y Orionx.
¿Con qué exigencias deberán cumplir las PSAV? Por ejemplo, estarán obligadas a informar sobre quién es el beneficiario final de la operación y a contar con un oficial de cumplimiento.
Economista con trayectoria en periodismo y medios digitales.
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