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Unos días antes de finalizar el 2023 la bancada de Alianza para el Progreso (APP) presentó un proyecto de ley que generó controversia.
La iniciativa en mención, de autoría de Roberto Chiabra, plantea, entre otras cosas, reformar la Constitución para quitarle la facultad a la Junta Nacional de Justicia (JNJ) de destituir a jueces y fiscales supremos y otorgársela únicamente al Congreso.
Al respecto, el secretario general de la Asociación Civil Transparencia, Iván Lanegra, remarcó que la elección y destitución de los jueces y fiscales debe darse independientemente de los poderes políticos. En ese sentido, consideró que dicha iniciativa “es, claramente, una afectación a ese principio de independencia”.
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“La independencia de los jueces es crucial para que no sea la influencia de actores con poder lo quienes definan el sentido de las decisiones judiciales y para que eso ocurra su elección tiene que ser independientemente de los poderes económicos y políticos”, dijo a RPP.
Añadió que esta situación debería alertarnos, porque es necesario mantener instituciones claves que trabajen de manera independiente para la ciudadanía, más aún cuando uno de los problemas actuales pasa porque no existe una cercanía con algunas entidades o hay una enorme desconfianza hacia ellas.
“En otros países hay ocasiones en que ciertos altos funcionarios, como pasa con el Tribunal Constitucional en el Perú, sí son ratificados o pasan por algún procedimiento dentro de los congresos, pero eso ocurre bajo condiciones de mucho cuidado porque precisamente lo que se busca es que el elemento político no defina, por ejemplo, los nombramientos por razones puramente políticas”, acotó.
Lanegra también criticó el proyecto de ley que busca remover a los titulares de los organismos electorales a través del Congreso. A su juicio, es “igual de peligroso, porque los jueces electorales estarían preocupados en no hacer algo que toque al poder político, porque luego pueden removerlos”.
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Pide que Ejecutivo observe norma que modifica las PASO
El pasado jueves 14 de diciembre el Pleno del Congreso aprobó, por mayoría, el dictamen que modifica el modelo de elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) para favorecer a las cúpulas partidarias, que fue criticada por los propios organismos electorales.
La norma en mención fue remitida al Gobierno el pasado miércoles 27 de diciembre, por lo que el Ejecutivo tiene como plazo hasta el 19 de enero del 2024 para decidir si la promulga o, en su defecto, la observa y reenvía al Parlamento.
El titular del Transparencia invocó al Gobierno que observe dicha iniciativa, al calificarla de peligrosa.
“Es importante que el Ejecutivo observe esa ley y permita que el Congreso tenga una nueva oportunidad de reflexionar sobre esta situación que, al final, afectará a ellos mismos, porque ellos pierden sino recuperan la conexión con la ciudadanía”, manifestó.
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