Subcomisión dio cuenta de las denuncias presentadas contra Edgar Tello y José Arriola

En su primera sesión extraordinaria, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales dio cuenta de las denuncias presentadas por el fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena, contra los congresistas de la bancada Podemos Perú, José Arriola y Edgar Tello, por el presunto delito de concusión.

Ahora, el equipo técnico del grupo de trabajo que preside la legisladora de Alianza para el Progreso (APP), María Acuña, deberá elaborar los respectivos informes de calificación a fin de que se determine su admisibilidad o no.

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En caso sean aprobados en la subcomisión, los informes serán derivados a la Comisión Permanente para que sean discutidos y se fije un plazo para realizar las investigaciones del caso.

Arriola es sindicado de haber recortado el sueldo a siete trabajadores de su despacho congresal. De acuerdo con la denuncia, el congresista recortó más de S/102,000 del salario de 10 trabajadores de su oficina, de la comisión investigadora sobre las compras en el marco del covid-19 y de su exbancada Acción Popular (AP).

Por su parte, Montes fue denunciado por presuntamente haber recortado sueldos y exigido a trabajadores de su despacho que asuman gastos por la entrega de bienes donados a favor de ollas comunes.

Por estos hechos, el Ministerio Público, a través Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, presentó denuncias constitucionales contra ambos legisladores el mes pasado.

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Otra denuncia contra Boluarte

La subcomisión también dio cuenta de la denuncia constitucional presentada por el exministro de Trabajo, Rudecindo Vega, contra la presidenta Dina Boluarte y la exministra de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Hania Pérez De Cuéllar.

Vega, quien fue separado de la Gerencia General del Comité Nacional de Administración del Fondo para la Construcción de Viviendas y Centros Recreacionales para los Trabajadores de Construcción Civil del Perú (Conafovicer) en abril pasado, acusa a Boluarte y Pérez de Cuéllar por una presunta infracción a los artículos 2, 22, 23, 27 y 139 de la Constitución y por el delito de abuso de autoridad.

Según sostiene, la exministra de Vivienda pidió que sea retirado de su cargo tras criticar, en redes sociales y en un diario local, al Ejecutivo y a la presidenta.

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