Proponen que jueces y fiscales hagan pública declaración jurada de intereses

El Ejecutivo enviará al Congreso, antes de la segunda semana de agosto, sus proyectos para reformar el sistema judicial. Serán seis iniciativas, basadas todas en las recomendaciones que formulara la semana pasada la comisión que encabezó Allan Wagner.

Precisamente, el excanciller señaló ayer que el 100% de sus propuestas fueron tomadas en cuenta por el presidente Martín Vizcarra.

El fin de semana, tanto el jefe del Gabinete, César Villanueva, como el titular de Justicia, Vicente Zeballos (Gestión 30.07.2018), señalaron que los proyectos ya estaban listos. Insistieron en que la base de los mismos es las recomendaciones de Wagner.

Las novedades

Gestión tuvo acceso a dichas recomendaciones. El documento de más de 70 páginas consigna los proyectos de ley que presentaría el Poder Ejecutivo. En el que se refiere a la “Transparencia en el Sistema de Justicia”, se plantea publicar una suerte de radiografía de jueces y fiscales.

Precisamente, se propone no solo la presentación de su hoja de vida, que incluye su trayectoria, así como su declaración jurada de bienes y rentas, sino también la declaración jurada de intereses.

“(Publicar) la declaración jurada de intereses de los jueces, fiscales y, en general, de los integrantes del sistema de justicia, que permitan conocer si estuvieran incursos en situaciones en las cuales sus intereses personales, laborales, económicos o financieros pudieran estar en conflicto con el cumplimiento de los deberes y funciones del cargo”, señala la propuesta.

En esa misma línea, se contempla que los magistrados hagan públicas sus sentencias. Eso no es todo, sino también la relación de entrevistas y visitas que tengan los jueces y fiscales, así como el asunto tratado.

Nuevas instancias

Como ya lo anunció el jefe de Estado, también se presentará un proyecto para crear las Autoridades Nacionales de Integridad y Control para el Poder Judicial y el Ministerio Público.

El objetivo es sustituir los órganos internos de control disciplinario que existan, como, por ejemplo, la OCMA. Esta medida se da ante las condiciones “deficientes” en las que se actúa actualmente. “Lo que con certeza no solo impacta en su capacidad para prevenir actos de corrupción simples, sino sobre todo para investigar la corrupción compleja”, se indica en el proyecto de ley.

Además, se pretende, introducir la práctica del “compliance” en materia de justicia y promover un control preventivo, y no solo posterior, identificando previamente las áreas posibles de riesgo.

Denuncias anónimas

La iniciativa legislativa abre también el camino para la implementación de canales de denuncia que pongan en evidencia los casos de corrupción en el sistema de justicia.

“Se implementan canales de denuncia con garantía de anonimato, sistema de premios e incentivos, mecanismos de protección a denunciantes, testigos e informantes”, señala la propuesta.

Del mismo modo, se indica que el Poder Ejecutivo se comprometa a asignar una policía especializada para el apoyo de su labor, tanto en el caso del Poder Judicial como el de la Fiscalía.

La autoridad también podrá establecer mecanismos de intercambio de información e investigaciones conjuntas con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

Durante las últimas semanas se pusieron en la mira los constantes viajes de las autoridades del sistema de justicia. En esa línea, se propone que también se soliciten los reportes migratorios de los jueces, fiscales, funcionarios, servidores y empleados.

Cómo elegirán a fiscalizadores de magistrados

Hoy los jueces supremos elegirán al jefe de la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA). En la misma línea, los fiscales supremos son los que designan al jefe de la Fiscalía de Control Interno. Ambos organismos fiscalizan la labor de los magistrados.

El proyecto de ley no solo suprime ambas oficinas, sino que cambia el mecanismo de elección de los organismos que las reemplazarían, que son la Autoridad Nacional de Integridad y Control tanto del Poder Judicial como del Ministerio Público.

La elección de sus jefes estará a cargo del presidente del Poder Judicial, el fiscal de la Nación, el presidente del TC, el contralor y el defensor del Pueblo.