La Procuraduría General del Estado (PGE) pidió al Poder Judicial que la suspendida legisladora María Cordero Jon Tay pague la suma de S/ 200,000 por concepto de reparación civil en el marco de la investigación preparatoria que afronta por un presunto recorte de sueldo a un trabajador de su despacho en el año 2022.
Durante una audiencia virtual realizada esta mañana, el representante de la PGE, Luis Santiago, determinó que la responsabilidad civil extracontractual en este caso que involucra a Jon Tay debe plantearse de la siguiente manera: S/ 100,000 por daño a la imagen y S/ 100,000 por daño a la institucionalidad del Estado peruano.
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En ese sentido, presentó esta propuesta inicial de caución dentro de la solicitud que hizo para que su institución se constituya como actor civil o parte agraviada en la pesquisa que se le sigue la suspendida legisladora, sindicada de ser presunta autora del delito de concusión en agravio del Estado.
En respuesta, la abogada de Jon Tay, Yeni Vilcatoma, demandó que se rechace el pedido de la Procuraduría al sostener que no se presentó prueba documental, con pericias, que acrediten su pretensión económica de reparación civil, entre otros argumentos.
Tras escuchar a las partes, el juez supremo de investigación preparatoria, Juan Carlos Checkley, anunció que notificará su decisión a las partes dentro del plazo de ley.
Afronta comparecencia con restricciones
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“Los elementos de convicción que sustentan el requerimiento tienen un alto grado de certeza de la comisión del delito de concusión siendo muy probable que la sanción a imponerse a la investigada Cordero Jon Tay sea leve lo cual no impide que se imponga la comparecencia con restricciones”, informó el diario El Comercio.
Según dijo, existe riesgo de que la excongresista de Fuerza Popular impida u obstaculice la investigación, pues no hay certeza sobre su domicilio real y alertó que no concurrió a brindar su declaración indagatoria.
Además, existiría el riesgo que se ausente de la ciudad de Lima debido a que se desconoce si tiene familia.
Jon Tay quedó fuera del Congreso mientras la justicia resuelve su caso. No obstante, en el Pleno no alcanzaron los votos para prohibirle ejercer cargos públicos por 10 años.
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