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Hoy se tiene previsto que el Pleno del Congreso debata el texto sustitutorio de los proyectos de ley que modifican el Decreto Legislativo N° 1326, a fin de que, a diferencia del resto de entidades públicas, el Parlamento y algunas otras instituciones estatales, como el Poder Judicial, designen directamente a sus propio procurador público a través de un procedimiento interno.
Ante esta situación, la Procuraduría General del Estado (PGA), a cargo de Daniel Soria Luján, se manifestó en contra de dicha propuesta al alegar que vulnera la autonomía del Sistema de Defensa Jurídica.
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En ese sentido, exhortaron al Congreso a no aprobar la referida norma, pues ello “constituiría una ruptura del Sistema Administrativo de Defensa Jurídica del Estado, además colisionaría gravemente con el principio de acceso meritocrático al cargo de procurador público, así como a los principios de autonomía e independencia en el ejercicio de la defensa jurídica del Estado”.
La PGA recordó que actualmente los procuradores son elegidos a través de un concurso público, por lo que advirtieron que el dictamen que podría ser aprobado hoy en el Pleno interviene en los procedimientos de selección en trámite vulnerando la autonomía de la Procuraduría, así como el derecho humano de acceso a la función pública en condiciones de igualdad de los candidatos que ya participaron en dichos procedimientos.
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“Los proyectos agendados en el Pleno de hoy desconocen que los procuradores públicos realizan una actividad técnico legal, y que deben ejercer su labor de manera uniforme y coherente, motivo por el cual deben orientarse por las directivas y lineamientos establecidos por el ente rector, los cuales deben ser iguales para las más de 500 procuradurías a nivel nacional”, se lee en el comunicado.
En el texto sustitutorio se precisa que son funciones del Consejo Directivo de la PGA dirigir el proceso de selección para la designación de procuradores públicos, “con excepción de los procuradores públicos del Poder Legislativo y Poder Judicial, así como de los organismos constitucionalmente autónomos, quienes son elegidos por los titulares de dichas entidades por un plazo de cinco años”.
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