Presidente del Poder Judicial se opone a la pena de muerte: “Es una medida salvaje”

La propuesta de la presidenta Dina Boluarte de reabrir el debate de la pena de muerte en violadores de menores de edad sigue generando controversia y detractores.

Al ser consultado por la prensa, el titular del Poder Judicial, Javier Arévalo Vela, consideró que este tema “ya está superado en el país”, por lo que señaló que no se debería volver a discutir el tema.

“Sería como volver a la esclavitud, es un tema para distraer, para ganar simpatías y además jurídicamente no se puede”, indicó.

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En ese sentido, calificó la medida de “salvaje” y remarcó que deberíamos concentrarnos en cosas más importantes, como el tema de la inseguridad ciudadana.

“La pena de muerte no puede ser ni objeto de debate, es una medida salvaje que ha sido superada en países democráticos y no podemos volver atrás. La pena de muerte es irreversible, hay posibilidad de error judicial y hay cosas más importantes que preocuparnos que sobre la pena de muerte”, acotó.

Arévalo recordó que existen muchos convenios internacionales de derechos humanos que prohíben la aplicación de la medida, lo que hace aún más difícil su implementación en el Perú.

Frente a ello, remarcó que se necesita reformas profundas, pero consideró que estas deben hacerse de manera técnica, con los recursos adecuados y sin caer en medidas populistas que, según dijo, “solo buscan satisfacer demandas inmediatas sin garantizar cambios sustantivos”.

“Sin eso, toda reforma es pura demagogia, es engañar a la población. Si quieren reforma, háganla bien, con intervención del Poder Judicial, con recursos y marco jurídico correcto”, apuntó.

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“Jueces tendrán la última palabra”

El Gobierno de Dina Boluarte promulgó la Ley N° 32181, que deroga la posibilidad de aplicar detención preliminar a delincuentes en casos de no flagrancia, lo que ocasionó polémica y controversia.

Al respecto, Arévalo adelantó que los jueces y juezas determinarán si la referida normativa legal es adecuada a la Constitución para su aplicación.

“Los jueces tienen la última palabra y si consideran que estas normas son adecuadas a la Constitución, las aplicarán, y si no, lo contrario. Los jueces tienen la facultad de inaplicar las normas cuando son contrarias a la Constitución”, sostuvo.

A su juicio, el tema es discutible porque se han visto casos en los que se ha abusado de la detención. “Entonces, habrá quienes están a favor y en contra”, dijo.

“No se pueden encarcelar de buenas a primeras. Nadie aceptaría estar en prisión varios días y después que le digan: váyase a su casa”, enfatizó.

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