Nuevas revelaciones aparecen en torno al actual ministro del Interior, Juan José Santiváñez y la presidenta Dina Boluarte, luego que se conociera extractos de las conversaciones que habría tenido con el capitán PNP, Junior Izquierdo, quien está siendo investigado por la Fiscalía.
“Tú sabes que para subir todo, vale. Me preguntó: ¿usted puede desactivar la Diviac? Yo dije: sí”, habría dicho el titular del Interior, según una parte de estos posibles audios que presentó el efectivo policial como evidencia ante el Ministerio Público.
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Al respecto, el abogado de Boluarte, Juan Carlos Portugal, negó que su patrocinada haya ordenado el cierre de la Diviac, tal como había señalado el titular del Interior en dicha grabación.
En ese sentido, indicó que desde su despacho se barajan cinco hipótesis o escenarios respecto a esta denuncia. Una de ellas es que Santiváñez podría haber usado el nombre de la presidenta sin su permiso en dicha conversación que habría tenido con Izquierdo.
“Hay una quinta hipótesis: que el ministro (Santiváñez) se haya ufanado en el cargo utilizando el nombre de la presidenta, que también es una posibilidad que no hay que descartar”, señaló a la prensa.
Las otras cuatro hipótesis y escenarios, según Portugal, son: que hipotéticamente esa conversación entre Santiváñez e Izquierdo haya existido, que el contenido de las comunicaciones en efecto sea estrictamente vinculado a los dos interlocutores, que por la cantidad voluminosa de horas de diálogo es altamente probable que estos audios hayan sido editados y manipuladas y determinar dos criterios de valoración probatoria importantes: la credibilidad y confiabilidad del testigo.
“La investigación es embrionaria, acaba de iniciar. No podemos asumir una conclusión cuando tenemos menos de una semana de pesquisa. No podemos afirmar una conclusión existiendo cinco hipótesis sobre el particular y no soy yo a quien le corresponde descartarlas”, acotó.
Sobre Izquierdo, recordó que este tiene muchísimas investigaciones y procesos penales abiertos. Si bien el abogado precisó que esto no hace culpable al efectivo policial, si dijo que genera poca confiabilidad respecto a sus declaraciones. “Así que no hay que guardarle una cuestión bíblica o sacrosanta a una persona con los antecedentes y la poca confiabilidad que tiene”. añadió.
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Portugal también remarcó que el artículo 167 de la Constitución establece que la presidenta es la jefa suprema de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú (PNP), lo que no le permite intervenir en asuntos funcionariales, administrativos y autónomos que le corresponden a la institución policial
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Al ser consultado por la prensa, el abogado señaló que su clienta respondió todas las preguntas del Ministerio Público y de la Procuraduría General del Estado (PGE). Esto, a pesar de que esta última institución, según dijo, está prohibida de participar por el estatuto procesal penal.
Agregó que al término de la audiencia pidieron a la Fiscalía el archivamiento de la investigación contra la presidenta. “No por capricho de la defensa, sino porque el Código Procesal Penal establece límites a la investigación. No hay pesquisa que dure 100 años y ser humano que lo resista. Es el derecho al plazo razonable”, apuntó.
De acuerdo con la hipótesis fiscal, Boluarte, en su condición de ministra de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), habría favorecido a la Corporación Belcen, empresa que le pertenece a Cluteldo Beltrán Salinas, con contratos del programa Qali Warma.
Cluteldo Beltrán es hermano menor de Eduvigis Beltrán Salinas, quien habría sido uno de los aportantes de la campaña electoral de Boluarte a la vicepresidencia de República en los comicios del 2021, según revelaron la profesora Maritza Sánchez y Henry Shimabukuro.
Portugal remarcó que la presidenta no conoce a ninguno de los hermanos Beltrán. Además, recordó que estas personas también declararon a la Fiscalía no conocer a su patrocinada, así como negaron haber realizado algún tipo de aporte a la campaña de Perú Libre y Boluarte.
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