El prófugo líder de Perú Libre (PL), Vladimir Cerrón, sufrió otro revés judicial. El Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria, a cargo de Leodán Cristóbal Ayala, rechazó el pedido que hizo el también exgobernador regional de Junín para archivar el proceso que se sigue en su contra por el presunto delito de cohecho pasivo propio en el marco del caso ‘Antalsis’.
Así lo anunció en sus redes sociales el Ministerio Público, tras destacar que el 2° Despacho de la Fiscalía Anticorrupción de Lima haya logrado que se declare infundado la solicitud de prescripción de la acción penal formulada por Cerrón.
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En su recurso, la defensa de Cerrón planteó ante el tribunal que, en el caso del fundador de PL, se debe aplicar los extremos de la “Ley Soto”, aprobada en el Congreso en julio pasado, al asegurar que ya había prescrito el delito que se le imputa.
Alegaron que, para hacer el cómputo, se debía tomar en cuenta los años de prescripción desde el año en que se cometió el delito; es decir, el 2011, con lo que ya se habría superado el máximo posible de años para este caso (12).
No obstante, el representante del Ministerio Público se opuso a la demanda de Cerrón al señalar que el cómputo del plazo solo debía considerar los 5 años y 11 meses de la pena, entre el 2011 y la formalización de la investigación preparatoria; es decir, en octubre del 2016.
En ese sentido, señalaron ante el tribunal que, en el caso del delito atribuido al exgobernador de Junín, aún faltaban contabilizar 6 años y 2 meses.
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“La defensa sostuvo que la norma en cuestión (Ley Soto) ha sido aplicada para prescribir casos en distintas jurisprudencias, ha citado las mismas, a modo de acreditación; no obstante, tales decisiones fueron aplicados en casos de procesos ordinarios comunes, en el que, según nuestra postura, el plazo de suspensión de prescripción de un año es un plazo razonable, lo que no puede ser compatible con casos complejos ni de crimen organizado, como es este caso”, concluyó el juez Cristóbal Ayala en su resolución.
¿De qué se le acusa a Vladimir Cerrón?
De acuerdo a la tesis fiscal, Cerrón habría integrado la presunta organización criminal del empresario Martín Belaúnde Lossio, la cual habría defraudado al estado con más de S/ 26 millones a través de obras que se ejecutaron cuando ejerció funciones como gobernador de Junín entre los años 2011 al 2014.
Se investiga el otorgamiento de la buena pro y la ejecución dos obras, los puentes “Comuneros” y “Eternidad”, realizadas durante la gestión de Cerrón. Los contratos se efectuaron a través de convenios interinstitucionales entre el GORE Junín y la empresa SIMA.
Cabe recodar que está compañía subcontrató a la empresa privada Antalsis para que realice la ejecución de esta obras y, de esta manera, se excluyeron de la ley de la materia, además de otras irregularidades en su tramitación.
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