El Poder Judicial (PJ), a través del Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, programó para el jueves 14 de marzo la audiencia virtual de apercibimiento contra la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán.
Esta audiencia, que se desarrollará desde las 15:00 horas, fue solicitada por el Ministerio Público.
Según informa el PJ, el juez Jorge Chávez evaluará el requerimiento fiscal a fin de que Villarán, quien es investigada por asociación ilícita, cumpla con efectuar el control virtual de procesados y sentenciados libres tras su inconcurrencia en el registro biométrico en noviembre de 2023.
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Asimismo, refiere que esta se efectuará mediante la plataforma Google Hangouts Meet, desde el lugar donde se encuentren los sujetos procesales; a través del siguiente enlace; medio por el cual se conectarán los sujetos procesales a la audiencia virtual.
Además, se notifica al representante del Ministerio Público para su concurrencia obligatoria mediante la referida plataforma, bajo apercibimiento de tenerse por desistido de su pretensión.
El Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional agrega que las partes deberán comparecer a la audiencia quince minutos antes de la hora señalada.
Esta audiencia virtual se desarrolla luego que el Ministerio Público solicitara apercibimiento judicial a Susana Villarán, “a fin de que cumpla con efectuar el control virtual penal de procesados y sentenciados libres, ello en virtud al informe presentado por la citada acusada respecto a su inconcurrencia a la cita de control biométrico de noviembre de 2023″.
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¿De qué se le acusa a Susana Villarán?
De acuerdo a la tesis fiscal, Villarán habría concertado con directivos de la empresas O.A.S. Sucursal Perú y LAMSAC a fin de favorecerlos con la suscripción de la adenda 1 en el contrato de concesión del Proyecto Línea Amarilla en el año 2012.
Esto permitió el reajuste de las tarifas del peaje de las vías administradas por LAMSAC en el año 2013 a cambio de obtener apoyo económico para su campaña de reelección en el sillón municipal en el año 2014.
En paralelo, el Ministerio Público presentó en agosto del 2022 una acusación contra la exalcaldesa de Lima y solicitó que se le imponga 29 años de prisión efectiva por los presuntos pagos millonarios que recibió de parte de Odebrecht y OAS para financiar su campaña contra la revocatoria de su gestión municipal.
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