La Tercera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior Nacional revisó, en una audiencia, la apelación presentada por el prófugo empresario Alejandro Sánchez Sánchez, que busca anular la incautación de la casa del jirón Sarratea (Breña). En dicho lugar el expresidente Pedro Castillo sostuvo una serie de reuniones secretas con políticos, empresarios y funcionarios.
Durante su intervención, el abogado de Sánchez, el exfiscal supremo Tomás Gálvez, calificó de arbitraria la decisión al señalar que no existen pruebas contra su cliente. En ese sentido, dijo que el empresario le entregó el inmueble al exmandatario porque “eran amigos”.
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“Contra mi patrocinado no existe prueba alguna, más allá de que colaboró para la campaña y le dio la casa porque eran amigos para que pernocte en la campaña y, obviamente, se quedó un tiempo mayor”, indicó.
Según contó el abogado, una vez que Castillo ganó las elecciones “no sabía qué hacer”, por lo que llamó a determinados amigos, entre ellos, Alejandro Sánchez, para que lo apoyen.
“Muchas personas accedieron al presidente ante el pedido de él mismo. Existe un WhatsApp donde Pedro Castillo le remite a uno de sus amigos y le dice: ‘Necesito de alguien que venga a luchar a mi lado sin ser llamado, alguien suficientemente amigo como para decirme las verdades que no quiero oír, aún sabiendo que puede irritarme. Por eso en este mundo de indiferentes necesito de alguien que crea en esa cosa misteriosa, desacreditada y casi imposible: la amistad’”, señaló en plena audiencia.
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En respuesta, el representante de la Fiscalía justificó la incautación de la casa de Sarratea al recordar que el delito imputado a Sánchez podía facilitar la comisión de otros más graves. Además, advirtió que, según la hipótesis fiscal, este inmueble sería un instrumento de la organización criminal liderada por Castillo.
“Esto es, en el fundamento que se ha señalado, para evitar que los remanentes de la organización criminal sigan utilizando este inmueble como un centro de operaciones para reunirse, planificar hechos ilícitos u obstaculizar la investigación”, puntualizó el fiscal.
Al término de la audiencia, el juez Ramiro Salinas dejó al voto la decisión del tribunal y dijo que esta se conocerá en el plazo de ley correspondiente.
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